La batalla de España contra las IA que roban contenido: exige nueva ley a Europa
El ministro de Cultura de España, Ernest Urtasun, ha propuesto en el Consejo de ministros europeos de Cultura crear un nuevo instrumento legislativo que proteja los derechos de autor en el contexto de la Inteligencia Artificial.
Tras constatar que el código de buenas prácticas aprobado por la Comisión Europea el pasado julio no resuelve la situación de indefensión que sufren autores y creadores, Urtasun ha decidido presentar esta medida.
La propuesta se enmarca en la discusión sobre la llamada 'Brújula Cultural', documento de la UE que establece la estrategia a largo plazo en este ámbito. Urtasun subrayó que proteger a los creadores en el marco de la IA es una de las prioridades de España en materia cultural.
El problema central es que muchos modelos de lenguaje están utilizando obras protegidas sin remuneración y sin consentimiento, aprovechando la excepción de textos y minería de datos que contempla la legislación europea. Esta excepción, según el ministro, fue diseñada para casos concretos, no para el entrenamiento masivo de sistemas de IA.
Tres pilares para la protección de creadores
España defiende que cualquier uso de obras protegidas debe cumplir tres requisitos: transparencia sobre qué contenidos se utilizan, remuneración justa a los autores y consentimiento previo de los creadores. El código de conducta actual no garantiza ninguno de estos principios.
Urtasun fue contundente al afirmar que el código aprobado por la Comisión "ha diluido lo que es un buen reglamento" y que resulta necesario reforzar las disposiciones de la normativa sobre IA. El ministro consideró imprescindible desarrollar también un sistema de licencias específico para los creadores en este contexto.
La posición española busca dar respuesta a la indefensión actual de artistas y autores, que ven cómo sus trabajos alimentan modelos de IA sin recibir compensación. Urtasun destacó que los creadores del país saben que España "está dando la batalla en Bruselas" para defender sus intereses frente al avance desregulado de estas tecnologías.
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