El calvario de 91 familias de Écija con una empresa ‘buitre’ que compró sus viviendas de alquiler social
La vida de los inquilinos de las 91 viviendas sociales de la barriada Estatuto de Autonomía, en Écija (Sevilla, 39.679 habitantes), es un sinvivir desde 2021. Entonces, los bloques de estos pisos de alquiler construidos en 2000 por la empresa municipal de vivienda Sedesa, fueron adquiridos en subasta por Desarrollos Urbanísticos Ría del Rompido, SL, cuando la entidad pública quebró. En estos años, la nueva titular, constituida pocos meses antes de realizar la operación, se ha ahogado en deudas, embargos e impagos de impuestos a la Agencia Tributaria y al Ayuntamiento, hasta el punto de que los vecinos pagan su alquiler directamente a Hacienda y al municipio, ante los incumplimientos constantes de su arrendador. Los habitantes se han unido para mantener la protección del carácter público de las casas en las que viven desde hace un cuarto de siglo y para desvincularse del “fondo buitre”, como denominan a su arrendadora. Su última esperanza estaba en la demanda que interpusieron para anular esa subasta pública y poder instar a la Junta o al Ayuntamiento a ejercer el derecho de tanteo y retracto e incluso poder hacerlo ellos mismos, pero el juzgado acaba de fallar en su contra y ahora se sienten mucho más desamparados que nunca. Solo les queda pedir a estas administraciones que medien con la empresa y puedan adquirir sus pisos por un precio razonable y no a los 44.000 euros que les piden.