Los pactos asistenciales y la previsión privada del cuidado irrumpen en el debate jurídico
El envejecimiento de la población española y las costuras tensionadas del sistema público de dependencia dan protagonismo a una figura todavía minoritaria en la arquitectura jurídica: los pactos asistenciales. Son fórmulas contractuales que permiten anticipar, en vida, la organización del cuidado de una persona a cambio de una contraprestación económica o patrimonial. El fenómeno responde a un cambio sociológico que es una realidad incuestionable: la pirámide poblacional lleva décadas invirtiéndose.
Medio siglo de cambio: de la familia extensa al pacto asistencial
Hace cincuenta años, cuidar a un mayor era casi exclusivamente un asunto familiar: convivencia intergeneracional, hijas o nueras asumiendo el cuidado informal y escasa intervención pública. En 1975, los mayores de 65 apenas alcanzaban el 10% de la población y la fecundidad rondaba 2,8 hijos por mujer, según el INE.
Hoy ese equilibrio se ha invertido: la esperanza de vida ha pasado de 73,4 a 84 años, la natalidad ha caído a 1,1 hijos por mujer y los mayores de 65 son ya el 20,7% de la población, con una proyección del 31,4% en 2050, según el INE y la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA). Además, quienes viven solos se han multiplicado por ocho desde 1970 hasta alcanzar el 11,1% de la población.
Ese vacío familiar lo intenta llenar desde 2006 la Ley de Dependencia, con el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, el conjunto de servicios y prestaciones económicas creado por la ley. El impacto ha sido significativo. Según el IMSERSO, las plazas residenciales crecieron de 239.761 en 2001 a 412.109 en 2025.
Dentro de la llamada economía plateada, el sector de asistencia a mayores y dependencia en España genera más de 700.000 empleos formales directos, lo que representa en torno al 3,2 % del empleo total del país, y absorbe entre el 0,9 % y el 1 % del PIB en gasto directo en cuidados de larga duración.