Los empresarios buscan el apoyo de Trabajo para indexar los contratos públicos al salario mínimo
Ante cada propuesta del Gobierno para subir un poco más el salario mínimo ―ahora en 1.184 euros mensuales en 14 pagas (16.576 euros brutos anuales)― los empresarios tuercen el gesto, y afloran reclamaciones recurrentes e infructuosas, como que una vez fijada la nueva cuantía, esta se traslade también a los distintos contratos que la Administración Pública tiene firmados con diferentes empresas. Esto es, que se actualice el precio de la contrata con cada nueva alza salarial para que las compañías no vean reducidos sus márgenes, lo que se conoce como indexación. Y para dar esa batalla, los empresarios quieren contar con el apoyo del Ministerio de Trabajo, con el que ahora mismo existe una negociación para trasponer la normativa europea de SMI a la legislación española. Algunas fuentes patronales aseguran que están esperando una propuesta del departamento que encabeza Yolanda Díaz, pero en el ministerio enfrían esas expectativas: no confirman ningún compromiso en ese sentido, aunque admiten ser partidarios. Fuentes sindicales al tanto de las conversaciones en el marco de la negociación colectiva indican que no existe ninguna proposición concreta, aunque se muestran favorables.