La UE rechaza la petición neerlandesa de quedar al margen de las normas de asilo de la UE

El nuevo Gobierno de Países Bajos ha cumplido su promesa y ha presentado una solicitud a la Comisión Europea para obtener una cláusula de exclusión voluntaria del sistema de migración y asilo de la UE, una medida sin precedentes por parte de un Estado miembro fundador del bloque.

"Acabo de informar a la Comisión Europea de que quiero una cláusula de exclusión voluntaria de la migración dentro de Europa para los Países Bajos", declaró el martes por la mañana Marjolein Faber, ministra neerlandesa de Asilo y Migración. "¡Necesitamos volver a ser responsables de nuestra propia política de asilo!", dijo.

Faber pertenece al Partido por la Libertad, ultranacionalista de extrema derecha liderado por Geert Wilders, principal fuerza de la nueva coalición gobernante.

El plan de exclusión voluntaria, anunciado en julio y confirmado la semana pasada, se considera descabellado y simbólico, con escasas posibilidades de éxito, ya que exigiría modificar una legislación muy sensible y podría abrir la puerta a demandas similares por parte de otros países.

En su carta a Ylva Johansson, comisaria europea de Asuntos de Interior, Faber admite que la exclusión voluntaria sólo podría lograrse "en caso de modificación del Tratado", y no a corto plazo.

Es poco probable que otras capitales estén dispuestas a complacer el deseo de La Haya: excluir a Países Bajos del sistema migratorio del bloque provocaría inevitablemente una oleada de solicitantes de asilo hacia los países vecinos, creando un escenario de crisis.

Sin embargo, la petición representa un nuevo intento descarado de un país de la UE de desafiar las leyes establecidas en una búsqueda desesperada por frenar la inmigración irregular. Llega tras la decisión de Alemania de restablecer los controles fronterizos en sus nueve fronteras terrestres, lo que pone en duda el funcionamiento del espacio Schengen, libre de pasaportes.

El Gobierno neerlandés ha indicado que "mientras" no se conceda esta cláusula de exclusión, el país se centrará en aplicar el Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, la amplia reforma que la UE completó en mayo tras casi cuatro años de negociaciones.

La principal novedad del pacto es un sistema de "solidaridad obligatoria" que dará a los países tres opciones para gestionar a los solicitantes de asilo: reubicar a un número determinado de ellos, pagar 20.000 euros por cada uno que rechacen o financiar el apoyo operativo. Los Países Bajos elegirán el apoyo financiero en lugar de la acogida.

El viernes pasado, anticipándose al programa del Gobierno, la Comisión Europea dejó claro que todos los Estados miembros están obligados a cumplir las normas vigentes y que cualquier decisión de incumplirlas debe negociarse antes, no después, de su aprobación.

"Hemos adoptado la legislación. Está adoptada. En la UE no se opta por no cumplir la legislación adoptada", dijo un portavoz el viernes. "Es un principio general". En mayo, los Países Bajos votaron a favor de todas las leyes que componen el nuevo acuerdo.

La revisión tardará dos años en entrar en vigor. Los Estados miembros tienen que presentar planes de aplicación antes de fin de año, detallando las medidas administrativas, operativas y jurídicas que piensan adoptar para hacer realidad las leyes.