Las monjas okupa de Belorado se siguen resistiendo al desalojo
Las monjas de Belorado anunciaron el pasado año que adoptaban la línea de pensamiento sedevacantista. Esa corriente teológica rechaza la autoridad de todos los papas posteriores a Pío XII, considerando que la sede papal está vacante.
La respuesta del Arzobispado no se hizo esperar. Tras conocer la postura de las religiosas, procedió a su excomunión y expulsión de la vida consagrada, medidas que representan las sanciones más severas dentro del derecho canónico. Posteriormente, las autoridades eclesiásticas solicitaron formalmente que las monjas abandonaran voluntariamente el convento, petición que fue rotundamente rechazada por la comunidad rebelde.
Ante la negativa de las religiosas a acatar las órdenes eclesiásticas, el conflicto escaló hasta llegar a los tribunales civiles, donde se dirimirían las cuestiones de propiedad y ocupación del monasterio.
Paralelamente, las denominadas monjas cismáticas trasladaron durante la noche anterior a la intervención judicial a las cinco monjas mayores del convento hacia el monasterio de Orduña (Vizcaya), donde fueron acogidas.
La sentencia judicial y los intentos de desalojo
La jueza de Primera Instancia e Instrucción de Briviesca (Burgos) falló a favor de la Iglesia Católica en la demanda de desahucio presentada contra las exmonjas de Belorado. El juicio, celebrado el martes 29 de julio tras dos suspensiones previas, concluyó con una sentencia que ordena el abandono inmediato del monasterio.
Durante el proceso judicial, la representación legal del Comisario Pontificio argumentó que las monjas mayores que no participaron en el cisma constituyen la comunidad legítima del Monasterio de Belorado.
La sentencia del Juzgado determinó que "la parte demandada no ha demostrado que reúna título alguno que justifique y legitime el uso del inmueble frente a su titular", estimando íntegramente la demanda y ordenando el desalojo del inmueble.
El viernes posterior a la sentencia, un operativo conjunto compuesto por una comitiva judicial, efectivos de la Guardia Civil, representantes del Arzobispado de Burgos y varias monjas clarisas intentó acceder al convento de Orduña con el objetivo de trasladar a las cinco monjas mayores de 85 años a un lugar más adecuado.
Sin embargo, esta operación no pudo concretarse debido a la intervención del abogado Enrique García de Viedma, hermano de la exabadesa, y al revuelo mediático generado por el caso.
Florentino Aláez, abogado de las monjas cismáticas, expresó su temor de que la comisión judicial, junto con la Guardia Civil y el comisionado pontificio, regrese para intentar nuevamente el traslado forzoso de las religiosas mayores.
La sentencia judicial advierte que, en caso de incumplimiento, las monjas podrán ser desalojadas por la fuerza, mientras que las religiosas continúan rechazando tanto la venta del convento de Derio (Vizcaya) como la autoridad papal posterior a Pío XII.