La Justicia europea mantiene el pasaporte dorado de Malta que permite 'comprar' la ciudadanía
El controvertido pasaporte dorado de Malta, que permite a los extranjeros adquirir la ciudadanía de la UE a cambio de una inversión superior a 690.000 euros, podría recibir una prórroga legal, según un dictamen presentado el viernes 4 de octubre ante el Tribunal Supremo de la UE.
Según el informe no vinculante de la Abogacía General de Anthony Collins, la concesión de la ciudadanía es una facultad que los Estados miembros de la UE se reservan para sí mismos, dejando de lado la preocupación de la Comisión Europea por socavar la integridad de la UE.
"Los Estados miembros han decidido que corresponde exclusivamente a cada uno de ellos determinar quién tiene derecho a ser uno de sus nacionales y, en consecuencia, quién es ciudadano de la UE", dice un comunicado del Tribunal de Justicia. "No existe ninguna base lógica para sostener que, dado que los Estados miembros están obligados a reconocer la nacionalidad concedida por otros Estados miembros, sus leyes de nacionalidad deben contener alguna norma particular", añade el comunicado.
Los jueces del Tribunal de Justicia decidirán sobre el caso próximamente; no están obligados a seguir las opiniones de la Abogacía General, aunque en la mayoría de los casos lo hacen.
La Comisión emprendió la acción legal hace años, alegando que el régimen del pasaporte dorado o 'Golden Visa' incumplía el deber de Malta de cooperar sinceramente. En principio, las personas pueden obtener la nacionalidad maltesa, y por tanto el derecho a trabajar en toda la UE, aunque no tengan lazos familiares ni un domicilio allí.
Malta es el último país del bloque que sigue aplicando el pasaporte dorado, después de que Chipre suprimiera su procedimiento en 2020 y Bulgaria en 2022. Otros países ofrecen 'visados de oro', un sistema más limitado que ofrece permisos de residencia a quienes estén dispuestos a pagar, aunque también están en el punto de mira.
Portugal redujo su sistema de estos visados el año pasado, eliminando una condición de inversión inmobiliaria en un intento de reducir la especulación inmobiliaria. Los Países Bajos siguieron su ejemplo, poniendo fin a su régimen de visados de oro en enero de 2024, y España también ha prometido suprimir los visados de oro para quienes inviertan en el sector inmobiliario.
Estos regímenes han suscitado gran preocupación por la seguridad y el blanqueo de dinero, sobre todo desde la invasión de Ucrania en 2020, ya que la adquisición de un pasaporte o tarjeta de residencia de la UE puede permitir a los rusos ricos eludir las sanciones.
En 2022, los eurodiputados pidieron normas más estrictas para los visados dorados y la prohibición de la ciudadanía por inversión, afirmando que era "objetable desde un punto de vista ético, legal y económico". En un comunicado, un portavoz de la Comisión declaró que "tomamos nota" del dictamen, añadiendo: "Ahora esperamos la sentencia del Tribunal de Justicia".