Las gestoras de pensiones se conjuran para aprovechar el impulso legal de Bruselas
La hora de los planes de pensiones ha llegado. La Unión Europea necesita movilizar 1,3 billones de euros —según cálculos de Mario Draghi, expresidente del BCE— para mejorar la competitividad de la región, garantizar su defensa y autonomía estratégica y preservar el Estado de bienestar. Una parte de ese dinero, la menor, saldrá de las arcas públicas, pero la mayor parte provendrá del ahorro privado. Para conseguir amasar y poner a funcionar una cifra tan colosal, los vehículos de previsión social complementaria —especialmente los seguros y los fondos de pensiones privados— deben jugar un papel central. Las gestoras especializadas quieren aprovechar esos vientos de cola que proceden de Bruselas para expandir una figura que lleva cinco años sumida en la melancolía. En dos semanas espera que la Comisión Europea publique una serie de recomendaciones para que los Estados miembros implanten nuevas fórmulas para promover el ahorro. Así, se prevé que Bruselas aconseje la adscripción automática a los planes de empleo para los nuevos trabajadores, además de acelerar la creación de la unión de ahorros e inversiones (Savings and Investment Union). Medidas que se asemejan también en las recomendaciones planteadas en este sentido por la OCDE, y que han dado lugar a la creación de la etiqueta europea de inversión.