Alexandre de Moraes: la historia del juez que podría encarcelar a Bolsonaro

Jair Bolsonaro se enfrenta a un juicio histórico por un presunto intento de golpe de Estado, entre otros cuatro delitos, tras su derrota electoral a manos de Lula da Silva, el actual presidente de Brasil. El populista de extrema derecha se enfrenta a una pena máxima de prisión de hasta 43 años de cárcel. Su destino judicial, cuyo proceso entra este martes en su fase final, depende de cinco magistrados.

Cristiano Zanin, Luiz Fux, Flávio Dino, Cármen Lúcia y Alexandre de Moraes son los jueces de la Sala Primera del Tribunal Supremo Federal que dictarán el veredicto final. SIn embargo, es este último quien lidera el caso y acapara los focos mediáticos, entre otras cosas por haber sido sancionado por Estados Unidos al respecto. El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, calificó el juicio como una "caza de brujas" de su aliado ideológico para justificar esta decisión.

Desde su llegada al Supremo en 2017, el jurista nacido en São Paulo ha tenido en sus manos decenas de polémicos casos judiciales que involucraron a miembros del anterior Ejecutivo de Bolsonaro. La Policía Federal de Brasil obtuvo evidencias de que el expresidente, ahora juzgado, planeó el asesinato de Moraes tras perder las anteriores elecciones.

De fiscal a ministro: el salto del juez más mediático de Brasil

Antes de ingresar en el Supremo a sus 49 años, Alexandre de Moraes tuvo una ajetreada carrera como jurista. Graduado en la facultad de Derecho de la Universidad de São Paulo en 1990, se doctoró en Derecho del Estado en la misma universidad diez años después. Allí imparte clases y es profesor titular de la facultad que vio nacer su carrera.

En 1991, De Moraes ingresó en la Fiscalía y unas dos décadas más tarde comenzó a ejercer la abogacía como socio fundador de un bufete a su nombre. Su carrera en la Administración comenzó como Secretario de Justicia y Defensa de la Ciudadanía del Estado de São Paulo. En 2014, el gobernador Geraldo Alckmin lo nombró Secretario de Seguridad Pública del mismo estado brasileño.

En 2016, durante la presidencia interina del centrista Michel Temer a raíz del 'impeachment' de Dilma Rousseff (del Partido de los Trabajadores al que pertenece Lula), De Moraes fue nombrado ministro de Justicia como miembro del Movimiento Democrático Brasileño. Un año después llegó al Tribunal Supremo, ocupando el lugar del magistrado Teori Zavascki, fallecido inesperadamente tras un accidente aéreo.

Su nombramiento fue cuestionado por la oposición por transitar directamente desde el Ejecutivo de Temer hasta las máximas instancias del poder judicial, generando dudas sobre su imparcialidad.

Sus inicios en el Supremo: las noticias falsas contra la institución

Su carrera en el tribunal federal pasó más o menos desapercibida hasta 2019, cuando fue elegido como ponente de la tristemente célebre 'Fake News Inquiry'. El caso fue polémico en su momento porque se abrió sin petición previa de la Fiscalía, basándose en el artículo 43 del reglamento del Tribunal, que le autoriza a investigar delitos ocurridos en sus dependencias o relacionados con sus actividades. La entonces titular de la Fiscalía, Raquel Dodge, llegó a pedir el archivo de la investigación, que fue denegado.

El objetivo del caso era investigar noticias falsas, amenazas y ofensas dirigidas contra los miembros del Tribunal y sus familias, y combatir el supuesto discurso de odio y los ataques contra el organismo. De Moraes fue designado directamente por al estar especializado en seguridad pública.

El magistrado adoptó a medidas duras como el bloqueo de cuentas de redes sociales (Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp), así como registros e incautaciones en varios estados brasileños y la censura de publicaciones. Medios como 'Crusoe Magazine' y 'O Antagonista' acabaron siendo condenados en 2019, decisiones que provocaron críticas por los ataques contra la libertad de prensa y de expresión.

Fue en esa época que De Moraes comenzó a tener altercados verbales con Jair Bolsonaro, quien acusó al juez de censura y persecución política. Tras este caso se abrieron otras investigaciones vinculadas al expresidente brasileño y su Ejecutivo, que también llegó a ser asociado con la investigación de las noticias falsas.

De Moraes vs Bolsonaro: los comienzos de la saga político-judicial

En agosto de 2021, Bolsonaro reclamó que De Moraes fuera destituido de su cargo como juez del Tribunal Supremo e inhabilitado para ejercer cargos públicos durante ocho años. La decisión fue motivada por las decisiones judiciales del magistrado contra algunos de sus aliados políticos. Fue la primera vez que un presidente brasileño reclamaba la destitución de un miembro del Tribunal Supremo. La petición fue rápidamente rechazada por el presidente del Senado, que la consideró infundada por razones jurídicas y políticas.

De Moraes fue elegido presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) el 14 de junio de 2022, cargo que ocupó hasta 2024. Fue en ese momento cuando las relaciones con Jair Bolsonaro, ya tensas, empeoraron. En su toma de posesión, el magistrado prometió elecciones limpias y seguras en el país. En varias ocasiones Bolsonaro cuestionó el sistema electoral y el uso de urnas electrónicas en el país, llegando a acusar a Alexandre de Moraes de parcialidad.

Durante los ataques del 8 de enero de 2023, cientos de partidarios de Bolsonaro asaltaron la sede de los Tres Poderes en Brasilia, pocos días después de la toma de posesión de Lula da Silva. Se trata de un episodio homogable al intento de tomar el Capitolio de Estados Unidos, el 6 de enero de 2021, por parte de varios partidarios de Donald Trump tras su derrota electoral a manos de Joe Biden.

A partir de la autorización del Supremo, la Policía Federal brasileña lanzó la Operación Contragolpe para investigar posibles delitos relacionados con el intento de golpe de Estado que trató de impedir la toma de posesión de Lula; una investigación que ha desembocado en el juicio que comienza este martes.

Fue De Moraes, quien supervisa el proceso, el que decretó el arresto domiciliario para el expresidente, alegando que había violado las medidas cautelares que se le habían impuesto al difundir contenidos a través de sus tres hijos, políticamente activos.

Trump, el mejor aliado de Bolsonaro ante su juicio

Estén pendientes del 12 de septiembre: se trata del día en el que se conocerá el veredicto del expresidente y del resto de imputados en el caso. Pero esta no es la única batalla que libra De Moraes. Este proceso judicial le ha granjeado la enemistad de Donald Trump y unas sanciones políticas por parte del Gobierno estadounidense. En julio de este año, el Ejecutivo republicano revocó la posibilidad de obtener un visado de entrada al país, así como a varias personas y familiares vinculados al juez.

"La caza de brujas del juez ha creado un complejo de persecución y censura tan omnipresente que no solo viola los derechos básicos de los brasileños, sino que también se extiende más allá de las costas de Brasil para apuntar a los estadounidenses", escribió Marco Rubio en un post en la red X el pasado mes de julio.

Más tarde, y en una nueva escalada de las tensiones diplomáticas, Estados Unidos impuso al juez del Tribunal Supremo brasileño la Ley Magnitsky, una disposición que impone sanciones económicas por violaciones graves de los derechos humanos o corrupción. Estas bloquean los posibles bienes y propiedades del juez en Estados Unidos, además de imposibilitar cualquier transacción entre ciudadanos estadounidenses y el juez.

La disputa legal que involucra a Bolsonaro llevó incluso al presidente estadounidense a imponer un aumento del 50% en los impuestos a la importación de productos brasileños. El Gobierno de Lula da Silva dice incluso que espera nuevas sanciones de Donald Trump tras la sentencia, y el país ha iniciado un proceso para poder aplicar sanciones recíprocas si esto ocurre.

A pesar de las sanciones y presiones provenientes de Estados Unidos, Alexandre De Moraes no ha dado señales de haberse acobardado: "Una vez que se haya transmitido la información correcta, como se está haciendo ahora, y la información documentada llegue a las autoridades estadounidenses, creo que no será necesaria ninguna acción legal para revertir [las sanciones]. Creo que el propio poder Ejecutivo estadounidense, el presidente, las revocará", declaró Moraes en una entrevista con Reuters en agosto.

La fiscalización de las plataformas digitales involucra a Elon Musk

El hombre más rico del mundo fue desafiado por el juez brasileño cuando, en agosto de 2024, suspendió X y ordenó el bloqueo total de la app de Musk en Brasil. La decisión se justificó entonces por el reiterado incumplimiento de las órdenes judiciales por parte del magistrado y la ausencia del representante legal de la plataforma en el país. También se impuso una multa diaria a los usuarios que utilizasen la red a través de mecanismos como las VPN.

A pesar de la oposición, Elon Musk acabó cediendo a las demandas judiciales y la plataforma volvió a estar disponible en suelo brasileño en octubre del año pasado. Anteriormente, De Moraes ya había incluido a Musk en una investigación sobre milicias digitales y había abierto una segunda por posibles delitos de obstrucción a la justicia, organización criminal e incitación al crimen. En aquel momento, Elon Musk habló de "censura agresiva" por parte del juez brasileño.

Además de X, Alexandre de Moraes ya había puesto su atención en otra app. En marzo de 2022, el magistrado intentó bloquear Telegram en Brasil alegando que la plataforma estaba siendo utilizada para difundir desinformación por parte de los partidarios de Bolsonaro, especialmente durante la pandemia. La decisión fue revocada poco después. En 2023, hubo otro intento de bloquear Telegram por no cooperar con las investigaciones sobre grupos neonazis.

Alexandre de Moraes siempre tendrá críticos que lo acusen de autoritarismo y activismo judicial por haber juzgado asuntos delicados vinculados a la libertad de expresión, así como partidarios que defiendan sus medidas en aras de proteger la salud de la democracia brasileña. Este nuevo proceso, que puede llevar a la cárcel a un expresidente y a su cúpula, ampliará sin duda esta polarización sobre su imagen pública.