La Guardia Nacional en Washington vs. los despliegues europeos: dos modelos de seguridad opuestos

Caminar por el National Mall de Washington, en pleno corazón de la capital estadounidense, basta para comprobarlo: grupos de unidades de la Guardia Nacional se despliegan de forma visible en distintos puntos de la ciudad.

Se trata de una fuerza militar de reserva estatal que, en ocasiones como esta, puede ser movilizada también para misiones federales. Actualmente, unos 2.200 efectivos armados, procedentes en su mayoría de seis estados, se encuentran apostados en estaciones de metro y lugares públicos de Washington.

A simple vista, la escena recuerda a las de Bruselas, París o Londres, donde patrullas militares vigilan infraestructuras clave, monumentos y nodos de transporte. Pero, como subraya Carrie Lee, investigadora del Fondo Marshall Alemán y una de las principales expertas en relaciones cívico-militares en Estados Unidos, la situación es muy distinta al otro lado del Atlántico.

"El público estadounidense no está acostumbrado a ver soldados en la calle", explicó a 'Euronews'. "Por eso, resulta tan impactante cuando caminas por el metro y te cruzas con cuatro miembros de la Guardia Nacional de Carolina del Sur, armados con fusiles M-16", añadió Lee, exprofesora asociada de la Escuela de Guerra del Ejército estadounidense.

"Rescatar a la nación del crimen"

Al anunciar el 11 de agosto en la Casa Blanca su decisión de enviar a la Guardia Nacional a la capital del país, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que respondía a los temores de la población de ser, en sus palabras, "asaltados, violados, tiroteados y asesinados".

Según explicó, la medida busca "ayudar a restablecer la ley, el orden y la seguridad pública en Washington". "Este es el Día de la Liberación en DC y vamos a recuperar nuestra capital", proclamó Trump. "Se trata de una acción histórica para rescatar a la nación del crimen, el derramamiento de sangre, el caos y la miseria".

En esa misma comparecencia, el mandatario anunció que asumiría el control de la Policía de Washington y desplegaría también agentes federales de inmigración y antidroga. "Todos conocéis a personas o amigos que han sido víctimas de la violencia", dijo a los periodistas. "Podéis ser lo que queráis, pero todos queréis seguridad en las calles".

El presidente del Partido Republicano en Washington, Patrick Mara, respaldó la decisión y recordó el impacto de varios casos recientes de violencia. "La mayoría de los congresistas tienen una historia personal vinculada al crimen. Una becaria fue asesinada en los últimos meses", señaló a 'Euronews'.

Entre los hechos mencionados, figuran el asesinato en junio de Eric Tarpinian-Jachym, un becario de 21 años del Congreso de Massachusetts, muerto por una bala perdida, y la muerte en 2024 del exfuncionario de Trump Michael Gill, víctima de un aparente robo de coche. Ambos sucesos fueron citados como argumentos para justificar el despliegue militar en la capital.

Mara añadió que la decisión del presidente era previsible: "Antes incluso de que Trump fuera elegido, cuando los republicanos de la Cámara lo visitaban en Florida, lo primero que surgía en la conversación era el mismo tema: crimen, crimen, crimen. La situación actual en Washington no tiene precedentes".

Por su parte, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, defendió la eficacia de la operación y mostró cifras de arrestos como prueba. "Desde el inicio se han producido 465 detenciones", afirmó el 19 de agosto. "Sin este grupo operativo y sin el liderazgo del presidente, hoy habría 465 delincuentes violentos más en las calles de la capital".

Ree y Lex, dos residentes de Washington que no figuran entre los partidarios de Trump, reconocen que la delincuencia sigue siendo un problema en la capital estadounidense. Mientras caminaba por una calle flanqueada por bares frecuentados por funcionarios y por cuarteles de la Marina, Lex, de 30 años, señaló el lugar donde a un amigo le habían robado el coche.

Según la Policía Metropolitana de Washington (MPDC), en lo que va de 2025 se han registrado casi 1.900 delitos violentos en la ciudad. Pese a ello, la alcaldesa Muriel Bowser defendió que los niveles de violencia se encuentran en su punto más bajo de los últimos 30 años. Una afirmación rechazada tanto por el presidente como por el dirigente republicano Patrick Mara, quien ironizó que una reducción así equivaldría a "tener cáncer de hígado, pero ahora solo en el riñón".

Las cifras oficiales muestran un descenso interanual del 26% en los delitos violentos en 2025, muy por debajo del repunte que se vivió durante la pandemia. Sin embargo, Washington mantiene una tasa de 1.006 delitos violentos por cada 100.000 habitantes, la más alta de todo el país, un 180% por encima de la media nacional y muy superior a las de capitales europeas como París (180) o Berlín (95).

En cuanto a homicidios, la tasa de 2024 fue de 26,6 por cada 100.000 habitantes: la cuarta más elevada entre las grandes ciudades de EE.UU., casi seis veces la de Nueva York y muy superior a la media europea. En Bruselas, la segunda más alta de la UE, la cifra fue de 3,19.

La decisión de Trump de enviar a la Guardia Nacional constituye el mayor despliegue militar con fines de seguridad interior desde la era de los derechos civiles. Históricamente, la activación federal de estas tropas se ha reservado para crisis constitucionales, desastres naturales o terrorismo, no para la aplicación rutinaria de la ley.

Desde la Segunda Guerra Mundial, la Guardia Nacional fue federalizada principalmente para hacer cumplir los derechos civiles: integrar escuelas, proteger marchas como la de Selma en 1965 o responder a disturbios. El último despliegue a gran escala contra la violencia urbana ocurrió en Los Ángeles en 1992, tras un estallido de disturbios, no como medida preventiva, lo que marca una diferencia fundamental con la situación actual, según los críticos.

El debate jurídico gira en torno a si el presidente puede recurrir a la Ley de Insurrección, de 1807, para justificar este tipo de medidas. La norma ha sido invocada en apenas 30 ocasiones, casi siempre por disturbios laborales o para hacer cumplir órdenes de desegregación. Su aplicación choca con la Ley Posse Comitatus de 1878, que limita el uso de tropas federales en funciones de Policía civil.

En California, Trump estuvo cerca de invocar la Ley de Insurrección. Finalmente se amparó en el Título 10 del Código de Estados Unidos, que permite al presidente desplegar tropas si "hay una rebelión o peligro de rebelión contra la autoridad del Gobierno federal".

Sin embargo, un juez federal dictaminó que incluso esta decisión constituyó "una grave violación" de la Ley Posse Comitatus, ya que la crisis no alcanzó un nivel que hiciera insuficiente la actuación de las fuerzas civiles. Pese a ello, Trump aseguró que consideraría aplicar la misma fórmula en otras ciudades como Baltimore, Oakland, Chicago, Memphis y Portland, a las que vinculó con "terrorismo doméstico".

En Washington, la estrategia tomó un rumbo distinto: el presidente recurrió a la Sección 740 de la Ley de Autonomía del Distrito de Columbia, nunca antes utilizada, para desplegar la Guardia Nacional. Según los expertos, estas decisiones chocan con la tradición estadounidense de un gobierno federal no intervencionista y refuerzan el temor a que la injerencia militar en asuntos civiles ponga en riesgo tanto la democracia como las libertades individuales.

"La cultura estadounidense se basa en reservar el mantenimiento del orden a la autoridad local más baja posible, algo que se remonta a la Décima Enmienda de la Constitución", explicó Carrie Lee, especialista en seguridad nacional con una amplia trayectoria en la enseñanza militar. "El pueblo estadounidense nunca ha visto al Ejército como un actor deseable en la aplicación de la ley".

El coronel retirado de los Marines y asesor del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), Mark Cancian, coincidió en que lo que desató malestar no fue la presencia militar en sí, sino el carácter político del despliegue. "La gente criticó que se realizara en contra de los deseos del Gobierno local", señaló. "Además, la lucha contra la delincuencia corresponde a la Policía, y preocupa que soldados armados puedan cometer un error al usar fuerza letal. Por fortuna, eso no ha ocurrido".

Cancian añadió que los críticos también temían que el despliegue pudiera usarse para reprimir a la oposición política. "Tampoco ha sucedido. Aunque la dimensión política es grande, el número de tropas es reducido: menos del 1% de la fuerza total".

En Europa, el contexto ha sido muy diferente. Lex, que trabajaba en Bruselas cuando se desplegaron militares tras los atentados terroristas, recordó que esas medidas extraordinarias respondían a ataques de gran magnitud. "En Europa, los despliegues llegaron después de atentados absolutamente horribles", dijo.

Mencionó los ataques de París en 2015, que dejaron 130 muertos en el Bataclan y otros puntos de la ciudad, y los atentados de Bruselas en 2016, en aeropuertos y estaciones de metro. Para él, en esos casos tenía sentido. También en Estados Unidos, el despliegue militar tras los atentados del 11-S fue legítimo, coincidieron Lex y Ree, de 40 años.

Pero lo ocurrido en Washington en 2025, dijeron, era algo distinto. "La premisa de este despliegue no es el terrorismo. No es proteger al pueblo estadounidense de fuerzas que quieren matarnos", advirtió Ree. "No es normal".

Mara se tomó con humor los comentarios y aseguró que las tropas desplegadas en Washington resultaban mucho menos intimidantes que sus homólogos europeos. Recordó que en las capitales europeas los militares patrullan armados con fusiles automáticos, mientras que en Estados Unidos los miembros de la Guardia Nacional fueron desplegados inicialmente sin armas y solo más tarde se les permitió portar una simple pistola.

"Siempre que he estado en Europa, la Policía lleva armas bastante serias", dijo Mara a 'Euronews'. "Como estadounidense, te quedas pensando: vaya, no sé qué es esa cosa, pero desde luego no es una Glock". "La Guardia Nacional son literalmente ciudadanos-soldados", subrayó.

En Europa, la reacción al despliegue en Washington fue prácticamente inexistente: ningún líder europeo de peso se pronunció públicamente, pese a que suelen influir en debates políticos clave en Estados Unidos.

La diferencia se explica en parte por el marco legal. En Alemania, la Ley Fundamental prohíbe la participación militar en asuntos internos salvo en catástrofes naturales. En Francia, la Operación Sentinelle, lanzada tras los atentados de 2015, llegó a movilizar 7.000 soldados, pero siempre bajo mandato antiterrorista, con control parlamentario a los 15 días y revisión cada seis meses.

Los militares franceses cuentan con normas específicas de intervención frente a amenazas terroristas y actúan junto a la Policía Nacional, nunca en su lugar. En Bélgica, Italia o el Reino Unido los despliegues también han respondido a amenazas terroristas y se han realizado de manera temporal, bajo supervisión parlamentaria. En el caso belga, la Ley de 1994 sobre el Uso de las Fuerzas Armadas obliga a la aprobación del Parlamento para cualquier misión de más de 30 días y limita a los soldados a funciones de apoyo a la Policía.

Stefania Benaglia, asesora de política exterior de la Unión Europea en Bruselas, señaló que las diferencias con Estados Unidos son más profundas que las legales. "Hay una diferencia sustancial tanto en el equipamiento como en el papel de la Policía dentro de la sociedad", explicó a 'Euronews'. "Excepto en las unidades especializadas, las fuerzas policiales en Europa operan bajo normas más estrictas y con un acceso mucho más limitado a equipos de grado militar".

Añadió además que Europa cuenta con un sistema de seguridad pública más centralizado: son las autoridades nacionales quienes deciden los despliegues, con una cadena de mando que va directamente hasta el presidente o primer ministro. Ninguno de estos modelos se parece al mandato abierto y enfocado en la delincuencia aplicado en Washington. Pero, según algunos expertos, esto podría cambiar.

En septiembre, el ministro de Defensa belga, Theo Francken, anunció planes para enviar más unidades del Ejército a las calles de Bruselas para combatir la delincuencia no vinculada al terrorismo, en particular en operaciones contra el narcotráfico.

La violencia ligada a las drogas se ha recrudecido en la capital, con 57 tiroteos registrados entre enero y mediados de agosto y más de 7.000 detenciones, casi el triple que en todo 2024, según datos del fiscal de la ciudad, Julien Moinil. El propio fiscal solicitó protección policial en julio tras recibir amenazas de cárteles activos en Bruselas. "Es una ciudad en la que todo el mundo está en peligro", advirtió.

"Bruselas es un desastre en términos de seguridad. Tenemos que recuperar el control", declaró Francken. Para la analista Stefania Benaglia, las capitales europeas atraviesan una presión creciente en materia de seguridad. "En muchas ciudades —empezando por Bruselas— hay un debate permanente sobre la necesidad de reforzar la vigilancia. Los tiroteos vinculados a bandas de narcotraficantes han alcanzado niveles récord, aunque siguen siendo de una magnitud distinta a los de Estados Unidos", explicó.

Según Benaglia, el auge de esta violencia ha reabierto la discusión sobre ampliar las patrullas militares en entornos urbanos. "Es probable que la tendencia estadounidense influya en estos debates, pero los motivos políticos que impulsan la violencia —y la respuesta— son muy diferentes a ambos lados del Atlántico", señaló.

Los planes de Francken, sin embargo, han generado rechazo. El alcalde de Bruselas los consideró "inútiles" y los sindicatos militares también expresaron críticas, aunque por razones distintas a las que motivaron la oposición al despliegue en Washington. En Estados Unidos, el senador demócrata en la sombra por la capital, Akit Jain, calificó el envío de la Guardia Nacional como "una estratagema mediática" destinada a distraer de lo que, en su opinión, fue un despliegue federal más amplio.

Una capital diferente

A diferencia de otras capitales federales —como Ottawa, que pertenece a Ontario; Bruselas, que mantiene representación regional; o Londres, que elige diputados—, Washington existe en un vacío democrático que el actual despliegue ha puesto aún más de relieve.

Por su condición de distrito federal y no de estado, la capital carece de representantes con derecho a voto en el Congreso, a pesar de que sus ciudadanos pagan impuestos federales y sirven en el Ejército. Los residentes de Washington pagan más impuestos federales per cápita que ningún otro estado, pero no tienen voz en cuestiones clave como la confirmación de jueces del Tribunal Supremo, los nombramientos del gabinete o de embajadores que ejercen en su propia ciudad.

El propio Jain, como senador en la sombra, no ocupa un cargo federal y carece de acceso al Senado estadounidense. La representación de los 700.000 habitantes de la capital se limita, en la práctica, a un papel de "lobby". Washington no tuvo un Ayuntamiento con derecho a voto hasta 1974, y todas las leyes locales siguen estando sujetas a ratificación por parte del Congreso.

"Si nos fijamos en París, Bruselas o Londres, todas cuentan con representación en la asamblea legislativa nacional, lo que les permite opinar sobre lo que ocurre en sus ciudades", dijo Jain, visiblemente frustrado. "Si todas las demás democracias han resuelto cómo dar representación a los residentes de sus capitales, nosotros también podemos hacerlo".

Reflexionando sobre la situación, Jain comentó: "Asumo que el Gobierno federal no puede sostener esto indefinidamente". Se encogió de hombros, con incertidumbre, consciente de que el presidente había prometido una completa "toma de control federal" de la ciudad si las autoridades no obedecían sus directrices policiales, mientras mantenía el control absoluto sobre la Guardia Nacional en Washington.

Un funcionario de la Fuerza de Tarea Conjunta que supervisa a las tropas respondió a la consulta de 'Euronews' señalando: "No podemos conceder entrevistas, ya que los miembros del servicio están centrados en la misión de apoyo a las autoridades civiles".

En las calles, muchos efectivos de la Guardia Nacional han sido destinados a tareas de embellecimiento en los parques de Washington, recogiendo basura de manera sistemática. Otros descansaban a la sombra del emblemático Monumento a Lincoln, tras largas horas de pie bajo el sofocante calor de la capital.

En la Union Station, un guardia nacional armado aceptó conversar brevemente. Dijo que venía de Georgia. Al preguntarle si pensaba quedarse mucho tiempo en Washington, el joven, como Jain, se limitó a encogerse de hombros.