La administración Trump dice que la Resolución de Poderes de Guerra no se aplica a los ataques a barcos en el Mar Caribe

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha dicho esta semana al Congreso que el presidente Donald Trump puede seguir llevando a cabo sus ataques letales contra personas y embarcaciones sospechosas de contrabando de drogas en el Caribe, detallando que no están obligados por la Resolución de Poderes de Guerra.

La ley de 1973 obliga al presidente y a la administración en funciones a obtener la aprobación del Congreso en un plazo de 48 horas para cualquier acción militar de más de 60 días que implique el despliegue de tropas estadounidenses en "zonas de hostilidades".

El jefe de la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia, Elliot Gaiser, dijo que la administración Trump no creía que la operación se elevara al tipo de hostilidades típicamente cubiertas por la ley de Poderes de Guerra, según personas familiarizadas con el asunto.

En una declaración de la Casa Blanca, un alto funcionario de la administración no identificado dijo que las vidas de las tropas de servicio estadounidenses no estaban en riesgo, ya que los ataques contra embarcaciones sospechosas de ser barcos de drogas se están llevando a cabo a través de drones lanzados desde buques navales que patrullan o están estacionados lejos.

"La operación consiste en ataques precisos llevados a cabo en gran medida por vehículos aéreos no tripulados lanzados desde buques de guerra en aguas internacionales a distancias demasiado lejanas para que las tripulaciones de los buques objetivo pongan en peligro al personal estadounidense", declaró el funcionario anónimo.

Hasta la fecha, el ejército estadounidense ha matado al menos a 61 personas en 13 ataques aéreos contra embarcaciones en el mar Caribe y el Pacífico oriental, según se detalla en los anuncios compartidos en las redes sociales por el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth.

Al parecer, la Administración ha comunicado al Congreso que Trump ha determinado que la situación es un "conflicto armado formal", pero no "hostilidades". La posición se basa en el precedente establecido por el expresidente estadounidense Barack Obama.

Obama justificó la guerra aérea de la OTAN sobre Libia en 2011 utilizando el mismo argumento en un momento en que el Congreso estaba en desacuerdo, pero más tarde aceptó la base legal que presentó la administración del ex presidente demócrata.

La Resolución de Poderes de Guerra establece que un presidente en ejercicio que despliegue tropas estadounidenses en hostilidades "deberá poner fin" a la operación al cabo de 60 días si el Congreso no la ha autorizado para entonces. Sin embargo, el uso que la legislación hace del término "hostilidades" ha sido bastante vago y utilizado por los presidentes para contrarrestar al Congreso.

La ley estipula que la cuenta atrás de 60 días comienza en el momento en que el presidente notifica al Congreso un ataque en las 48 horas siguientes al mismo. En el caso de Trump, esto se hizo el 4 de septiembre. El plazo de 60 días para obtener la aprobación del Congreso llegará el lunes.

La administración Trump no cita explícitamente la justificación de la era Obama como base, pero el argumento tiene un parecido rotundo. Obama había justificado su operación militar sobre la base de que no había tropas sobre el terreno y que los libios no podían devolver los disparos, por lo que el riesgo de bajas estadounidenses era notablemente bajo.

Sin embargo, la operación de Obama formaba parte de una misión multinacional dirigida por la OTAN, que actuaba en virtud de una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, una base de la que carecen los esfuerzos de Trump en el Caribe.