Frenan las reformas más estrictas sobre la ley del hiyab en Irán
La legislación relacionada con el hiyab, que fue aprobada por el Parlamento de Irán en septiembre de 2023, no se enviará al Gobierno para su promulgación. Todavía no se sabe si esta medida es de carácter temporal o permanente.
La ley iba a autorizar penas muy severas, e incluso la pena de muerte, por el activismo contra las leyes discriminatorias del país que obligan a llevar velo, lo que supondría una peligrosa escalada de tensión en el país.
Muchas personas creen que esta ley, más dura, podría haber reavivado las protestas que siguieron a la detención y posterior asesinato de Mahsa Amini, ciudadana iraní de 22 años, en septiembre de 2022.
Amini murió a manos de la denominada 'Policía de moralidad' de Irán por no llevar correctamente colocado el hiyab y por su postura contraria a una ley, que se remonta a la llegada del régimen islámico al país en 1979.
Teherán niega ser responsable de su muerte, pero los investigadores de la ONU concluyeron que "fue sometida a violencia física que condujo a su muerte", y culparon a la 'Policía de moralidad'. La posterior represión de las protestas que se sucedieron por todo el país se saldó con al menos 500 muertos y más de 22.000 detenidos.
Desde entonces, las mujeres iraníes hacen cada vez más menos caso a la ley sobre el hiyab y pasean en público con el cabello al descubierto, a pesar de la amenaza de ser detenidas o acosadas.
A principios del pasado mes de noviembre, una estudiante iraní de la Universidad Azad de Teherán se desnudó en la calle en señal de protesta, después de que la 'Policía de moralidad' y las fuerzas de seguridad la reprendieran por su atuendo.
Una ley a la que se oponen destacadas figuras de la sociedad iraní
Algunas mujeres iraníes se niegan a que el régimen que está al frente de su país les imponga su comportamiento y, en particular, el uso del hiyab. Entre ellas se encuentran algunas destacadas figuras del mundo del arte y la música, como es el caso de la cantante Parastoo Ahmadi.
Según la ley, las celebridades y figuras públicas podrían enfrentarse a la confiscación del 8% de su patrimonio, mientras que los comercios que sirvan a mujeres que no lleven pañuelo se arriesgan a cuantiosas multas o al cierre. También se aplicarían prohibiciones a la hora de viajar y medidas de vigilancia, incluido el acceso a grabaciones de seguridad privadas.