Imputan al expresidente brasileño Bolsonaro por un supuesto golpe que incluía un plan para envenenar a Lula

El fiscal general de Brasil explicó que el exmandatario Jair Bolsonaro conocía y estaba de acuerdo con un plan para envenenar a su sucesor y actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como parte de un intento de golpe de Estado para mantenerse en el poder.

El fiscal general Paulo Gonet acusó formalmente a Bolsonaro de intento de golpe de Estado para mantenerse en el cargo tras su derrota en las elecciones de 2022. Dijo que el plan también tenía como objetivo matar a tiros al juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes, un enemigo del expresidente. Gonet alega que Bolsonaro y otras 33 personas participaron en el plan para permanecer en el poder a pesar de perder frente al actual presidente Lula.

"Los miembros de la organización criminal estructuraron en el palacio presidencial un plan de ataque a las instituciones, con el objetivo de derribar el sistema de poderes y el orden democrático, que recibió el siniestro nombre de 'Puñal Verde y Amarillo'", dijo Gonet en el informe. "El plan fue concebido y llevado a conocimiento del presidente, y él lo aceptó".

Un extenso informe desvela el plan contra Lula

El pasado noviembre, la Policía Federal presentó a Gonet un informe de 884 páginas en el que se detallaba el plan. Según la acusación, el plan consistió en sembrar sistemáticamente la desconfianza en el sistema electoral entre la población, redactar un decreto para dar un barniz de legalidad a la trama, presionar a altos mandos militares para que secundaran el plan e incitar a una revuelta en la capital.

El Tribunal Supremo analizará los cargos y, si los acepta, Bolsonaro será juzgado. El líder ultraderechista niega haber cometido delito alguno. "No tengo ninguna preocupación con las acusaciones, cero", dijo Bolsonaro a los periodistas a primera hora del martes durante una visita al Senado en Brasilia. "¿Han visto el decreto golpista, por casualidad? Usted no lo ha visto. Yo tampoco", agregó.

El equipo de defensa de Bolsonaro dijo que recibió las acusaciones con "consternación e indignación", agregando en un comunicado que el expresidente "nunca ha estado de acuerdo con ningún movimiento destinado a deconstruir el estado democrático de derecho o las instituciones que lo sustentan". El hijo de Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, que es senador, dijo en la plataforma social X que se trataba de una acusación "vacía" y que no había pruebas de delito. Acusó a la Fiscalía General de servir a "los intereses nefastos de Lula".

Los delitos tienen penas diversas. Si Bolsonaro es declarado culpable de intento de golpe de Estado y de abolición violenta del Estado democrático de derecho, podría ser condenado a hasta 20 años de prisión, según el código penal del país.

Las acusaciones, basadas en manuscritos, archivos digitales, hojas de cálculo e intercambios de mensajes, exponen un plan para alterar el orden democrático, según la Fiscalía General. Las acusaciones son "históricas", dijo Luis Henrique Machado, abogado penalista y profesor de la universidad IDP en Brasilia, añadiendo que espera que el Tribunal Supremo acepte los cargos y someta a Bolsonaro a juicio en algún momento antes de finales del próximo año.