La crisis de la vivienda en España se agrava y crece el enfado de los residentes

Desde el año 2010, los precios de la vivienda en la Unión Europea se han disparado más de un 50% de media, mientras que los alquileres han crecido un 26%. España es uno de los países que más afectado se ha visto: los alquileres han aumentado en hasta un 80% en la última década. 

Esta crisis está provocada por la mezcla de la escasez de oferta de vivienda, los elevados costes de construcción, el auge de los alquileres a corto plazo y la especulación de inversores extranjeros.

"Barcelona es una ciudad que está llena de turistas. Los alquileres tienen precios desorbitados", explica Rosario Castelló, residente desde hace tiempo y miembro del Sindicat de Llogateres. 

Desde que Vandor Group, filial del fondo de inversión británico Patron Capital, ha adquirido su bloque de apartamentos, ella se enfrenta al desahucio.

"Llevo 26 años viviendo en mi piso", continúa Rosario. "Aquí crié a mis hijos y aquí desarollo mi marca de ropa Pinku No Kuma", declara, mientras nos enseña los vestidos que diseña con su hija.

"Vandor quiere arrebatarme mi casa junto con todo lo que he conseguido aquí", añade.

Rosario es la última de las inquilinas antiguas de este edificio. El resto de pisos ya se han convertido en viviendas compartidas para alquilar a extranjeros con contratos de corta duración.

"Los fondos buitre están comprando en masa edificios enteros para especular con ellos. Nos están echando a todos", se queja Castelló. "Esto tiene se que acabar".

Pese a que su contrato de alquiler ya ha expirado, ella se niega a marcharse y mantiene un procedimiento judicial con el propietario, al que sigue pagando el alquiler.

"Me ofrecieron una pequeña cantidad para que me fuera", comenta, "pero los precios de los alquileres son prohibitivos y no tengo adónde ir".

En toda Barcelona, residentes como Rosario están uniendo fuerzas. Con el apoyo del Sindicat de Llogateres, luchan por evitar los desahucios y presionar a las autoridades públicas para que intervengan. 

"Hay una desprotección total del derecho a la vivienda", sostiene Martina Ges Torra, otra miembro del sindicato de inquilinos. "Defenderemos este derecho de forma colectiva".

El Gobierno español intenta frenar la crisis. Entre las medidas, se incluyen planes para eliminar 65.000 anuncios de Airbnb, el aumento de los impuestos para los ciudadanos de fuera de la UE que compren propiedades y la aplicación de límites al alquiler.

"Hemos empezado a regular la subida de los precios del alquiler", asegura Jaume Collboni, el alcalde de Barcelona, y destaca la bajada del 8% de los precios en Barcelona. 

Otra medida de gran alcance acabará con todos los apartamentos Airbnb de la ciudad de aquí a 2028 y devolverá 10.000 viviendas al uso residencial. 

"Y en Cataluña, los alquileres de corta duración estarán sujetos al mismo límite de precios", prosigue el alcalde. "Esto supone una gran caída de la rentabilidad de los fondos de inversión: es un factor disuasorio".

Jaume Collboni lidera la iniciativa "alianza Mayors for Housing" en la que participan 15 grandes ciudades europeas. Juntas, han presentado a la UE un Plan de Acción Europeo de la Vivienda en el que se insta a Bruselas a que invierta en vivienda asequible y exima ese gasto de las limitaciones de las normas sobre ayudas estatales.

 "La Comisión Europea tiene que actuar", insiste Collboni.  "Si los ciudadanos ven que las instituciones europeas no se enfrentan un problema de tal magnitud, se podría desencadenar una crisis de legitimidad", opina, y concluye: "No se trata solo de una cuestión social. También está en juego el futuro del proyecto europeo y de la propia democracia".