Hungría intenta zanjar el conflicto Erasmus mientras las multas por infrigir la ley de asilo se disparan a 360 millones de euros

Hungría ha hecho un intento de resolver un largo litigio con la Comisión Europea sobre el acceso a los fondos Erasmus+ y Horizonte Europa, al tiempo que se niega a pagar las multas impuestas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por graves infracciones de la legislación sobre asilo, que ascienden a 360 millones de euros.

El primer litigio se remonta a diciembre de 2022, cuando la Comisión excluyó a más de 30 instituciones húngaras, entre ellas 21 universidades, de recibir fondos Erasmus y Horizonte debido a la participación de personalidades vinculadas al Gobierno en sus consejos de administración y a la preocupación por la libertad académica, la transparencia y los conflictos de intereses.

Freno a los altos cargos

La Asamblea Nacional de Hungría aprobó recientemente una enmienda a la ley que regula las fundaciones de gestión de activos de interés público (conocidas como "kekva" en húngaro), un tipo particular de fondo fiduciario que puede desempeñar funciones públicas, como la supervisión de universidades. Este es el caso de las instituciones afectadas.

La enmienda pretende garantizar a la Comisión que los políticos de alto nivel no podrán formar parte de los consejos de administración y que las declaraciones de intereses se evaluarán debidamente. Budapest tiene la intención de notificar a Bruselas la ley modificada "en los próximos días", dijo el martes por la noche János Bóka, ministro húngaro de Asuntos Europeos.

Conflicto de intereses en la administración de fondos

La notificación pondrá en marcha la evaluación de la Comisión para ver si la legislación modificada es suficiente para resolver los problemas y reanudar el flujo de fondos. "Por supuesto, es posible tener una solución antes de fin de año", dijo Didier Reynders, Comisario de Justicia, que habló junto a Bóka tras una reunión ministerial, y añadió: "Necesitamos estar seguros de que hay una respuesta correcta a todas nuestras preocupaciones".

Reynders señaló que los anteriores borradores presentados por Hungría no habían abordado el riesgo de conflictos de intereses en los consejos de administración de los fondos fiduciarios públicos.

Hay 11.700 millones de euros de fondos de cohesión inmovilizados

La exclusión de los programas Erasmus+ y Horizonte forma parte del mecanismo de condicionalidad que ha congelado 6.300 millones de euros en fondos de la UE para Hungría por irregularidades sistemáticas en la contratación pública y la lucha contra la corrupción.

Los 6.300 millones de euros se incluyen en un paquete más amplio de 11.700 millones de euros de fondos de cohesión que la Comisión ha inmovilizado debido a las persistentes deficiencias del Estado de derecho. Hungría no puede acceder a la mayor parte de su fondo de recuperación de 10.400 millones de euros por razones similares.

La última vez que el Ejecutivo desbloqueó dinero para Hungría (10.200 millones de euros en diciembre del año pasado), se enfrentó a una furibunda reacción y a una demanda del Parlamento Europeo.

Una factura que se dispara

Mientras tanto, Hungría se enfrenta a una factura desorbitada de al menos 360 millones de euros como consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que consideró que las restricciones del país al derecho de asilo constituían una infracción legal "sin precedentes". El TJCE impuso una multa de 200 millones de euros a pagar de una sola vez y otra de un millón de euros por cada día que el país siga ignorando la sentencia.

El Ejecutivo ha puesto en marcha un procedimiento presupuestario especial para deducir automáticamente la cantidad de 200 millones de euros de la parte asignada a Hungría de los fondos de la UE y pronto podría hacer lo mismo si las multas diarias no se reembolsan a tiempo.

Como la resolución se dictó el 13 de junio, la suma acumulada es de unos 160 millones de euros y sigue creciendo cada día que pasa. Bruselas y Budapest mantienen conversaciones sobre la aplicación de la sentencia del TJCE, que, si finalmente se respeta, detendría el cómputo de las multas diarias.

"Ahora corresponde a Hungría pagar y tomar las medidas necesarias para cumplir las sentencias", dijo esta semana un portavoz de la Comisión. El primer ministro, Viktor Orbán, ha calificado anteriormente la sentencia del TJCE de "escandalosa e inaceptable", afirmando que es producto del "activismo judicial".