Las sanciones de Trump contra la CPI amenazan la búsqueda de justicia en Ucrania, advierte la UE
La decisión de Donald Trump de sancionar a la Corte Penal Internacional (CPI) puede poner en peligro la búsqueda de justicia en Ucrania, advirtió la Comisión Europea, que expresó su pleno apoyo a la independencia e imparcialidad del tribunal.
Desde marzo de 2022, la CPI investiga denuncias de crímenes de guerra en Ucrania y ha emitido órdenes de detención contra seis altos cargos del Kremlin, entre ellos el presidente Vladímir Putin, acusado de ordenar la deportación y el traslado ilegales de niños ucranianos a Rusia. Imponer sanciones a los funcionarios de la CPI podría obstaculizar estas investigaciones al dificultarles viajar por todo el mundo y acceder a los fondos necesarios.
"La CPI garantiza la rendición de cuentas por crímenes internacionales y da voz a las víctimas en todo el mundo. Debe poder proseguir libremente la lucha contra la impunidad mundial", declaró Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.
Un portavoz de la Comisión expresó su "pesar" por la orden ejecutiva de Trump, diciendo que "representa un serio desafío para el trabajo de la CPI con los riesgos de afectar a las investigaciones y procedimientos en curso, incluso en lo que respecta a Ucrania, impactando años de esfuerzos para garantizar la rendición de cuentas en todo el mundo." La Comisión supervisará las 'implicaciones' de la decisión de Trump y "evaluará posibles nuevos pasos", añadió el portavoz, sin dar más detalles.
António Costa, presidente del Consejo Europeo, expresó un mensaje de condena similar: "Sancionar a la CPI amenaza la independencia de la Corte y socava el sistema de justicia penal internacional en su conjunto", dijo el viernes.
El día anterior, Costa se había reunido en Bruselas con la jueza Tomoko Akane, actual presidenta de la CPI, y elogió a la institución por desempeñar un "papel esencial a la hora de hacer justicia a las víctimas de algunos de los crímenes más horrendos del mundo". El ministro holandés de Asuntos Exteriores, Caspar Veldkamp, cuyo país alberga la CPI en La Haya, también lamentó la decisión de la Casa Blanca.
La orden ejecutiva firmada por el presidente Trump el jueves acusa a la CPI de participar en "acciones ilegítimas y sin fundamento dirigidas contra Estados Unidos y nuestro estrecho aliado Israel" y de sentar un "precedente peligroso", en referencia a la investigación en curso del tribunal sobre posibles crímenes de guerra en la Franja de Gaza.
El año pasado, la CPI dictó órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el exministro de Defensa Yoav Gallant y el comandante militar de Hamás Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri, también conocido como Mohammed Deif, cuya muerte se confirmó posteriormente.
El tribunal sostiene que Netanyahu y Gallant son responsables de cometer "el crimen de guerra de inanición como método de guerra; y los crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos" durante la ofensiva israelí contra Hamás. Actualmente está en vigor un frágil alto el fuego.
La CPI pide unidad
La orden de detención contra Netanyahu fue recibida con indignación bipartidista en Estados Unidos, uno de los más firmes defensores de Israel, y con renovados llamamientos a la imposición de sanciones. En Europa, la orden de arresto recibió reacciones diversas. El húngaro Viktor Orbán dijo abiertamente que la ignoraría, mientras que Alemania y Francia se abstuvieron de comprometerse a detener al primer ministro israelí.
La orden ejecutiva de Trump permite a su Gobierno introducir congelaciones de activos y prohibiciones de viaje contra funcionarios de la CPI, y sus familiares, que trabajen en investigaciones que impliquen a Estados Unidos, ciudadanos estadounidenses o aliados estadounidenses. La orden describe estas investigaciones como "transgresiones" que constituyen una "amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos."
Netanyahu agradeció a Trump su "audaz" orden ejecutiva, que, dijo, "protege la soberanía de ambos países y a sus valientes soldados." Estados Unidos e Israel no son partes del Estatuto de Roma que sustenta la CPI. Rusia, China e India tampoco son signatarios. Ucrania se adhirió al tribunal a principios de este año.
En el caso contra Netanyahu, la CPI ha señalado que "no se requiere la aceptación por parte de Israel de la jurisdicción de la Corte" porque su jurisdicción se basa en la "jurisdicción territorial de Palestina", que es miembro de la CPI desde 2015. Se espera que todos los firmantes del Estatuto de Roma acaten las órdenes de detención emitidas por el tribunal, que carece de medios para hacer cumplir sus decisiones y depende de que los Estados parte aporten los recursos necesarios, incluso poniendo bajo arresto a cualquier sospechoso que ponga un pie en su suelo.
El cumplimiento, sin embargo, es desigual. En septiembre, Mongolia, miembro de la CPI, se negó a ejecutar la orden de detención contra Vladímir Putin cuando el dirigente ruso visitó el país.
En un comunicado condenando la orden ejecutiva de Trump, la CPI pidió a los 125 estados parte del Estatuto de Roma "permanecer unidos por la justicia y los derechos humanos fundamentales." "La Corte se mantiene firme con su personal y se compromete a seguir proporcionando justicia y esperanza a millones de víctimas inocentes de atrocidades en todo el mundo", dijo la CPI.
Las sanciones llegan poco después de la visita de Netanyahu a la Casa Blanca, durante la cual Trump anunció un plan para "apoderarse" de Gaza, desplazar a 1,8 millones de palestinos y convertir el devastado enclave en la 'Riviera de Oriente Próximo'". La impactante propuesta fue recibida con una inmediata y enérgica condena internacional.