Un informe de 9 organizaciones contabiliza 120.000 expulsiones ilegales de inmigrantes en la UE

Las fronteras exteriores de la Unión Europea registraron en 2024 más de 120.000 casos de expulsión forzosa de migrantes por parte de las autoridades nacionales, según un nuevo informe elaborado por un grupo de nueve organizaciones de derechos humanos.

El informe, publicado este lunes por la mañana, pone de manifiesto el alcance de las expulsiones forzosas en Europa, la práctica ilegal de expulsar a los migrantes para impedir el acceso al procedimiento de asilo, un derecho consagrado tanto en la legislación comunitaria como en la internacional.

120.457 expulsiones forzosas

Tras recopilar datos de servicios gubernamentales, ONG y grupos de investigación, las organizaciones concluyeron que el año pasado se han producido al menos 120.457 expulsiones forzosas, es decir, migrantes que han sido expulsados ​​del territorio nacional sin poder presentar su solicitud de protección internacional o sin que se les hiciera una evaluación individual.

Las expulsiones se realizaron "a menudo" con violencia, señala el informe, y los solicitantes de asilo fueron golpeados por los guardias fronterizos, abandonados en el mar o abandonados a morir de frío en el bosque.

¿Qué Estados han abandonado a más inmigrantes a su suerte?

El número total de 120.457 se refiere a devoluciones en caliente tanto en países de la UE como en Estados extracomunitarios. Bulgaria encabeza la clasificación de 2024, con 52.534 devoluciones en caliente hacia Turquía.

Se dice que Frontex, la agencia fronteriza de la UE, se "mantiene alejada" de las zonas donde supuestamente se producen devoluciones en caliente, lo que limita la eficacia de su responsable de derechos fundamentales. A Bulgaria le siguen Grecia (14.482), Polonia (13.600), Hungría (5.713), Letonia (5.388), Croacia (1.905) y Lituania (1.002).

Libia y Líbano

El estudio también abarcó a Libia (21.762) y Líbano (3.768) porque las interceptaciones llevadas a cabo por estos países se hicieron con el apoyo "directo y amplio" de Italia, Chipre y las instituciones de la UE. En mayo de 2024, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viajó a Beirut para anunciar una ayuda de 1.000 millones de euros para Líbano, con el fin de gestionar los flujos de migración irregular y sostener la economía del país asolado por la crisis.

Las devoluciones en caliente han sido durante mucho tiempo un tema recurrente de discordia en el bloque, en particular después de la crisis migratoria de 2015-2016, y han alimentado las críticas continuas contra los guardias fronterizos, lo que ha provocado investigaciones internas, revelaciones en los medios de comunicación y demandas judiciales.

"El número de devoluciones en caliente en las fronteras exteriores de Europa ha aumentado considerablemente en los últimos años, hasta el punto de que se han convertido en una práctica sistemática dentro de la política migratoria de la UE", dice el informe en su introducción. "Los datos sobre devoluciones en caliente indican un fracaso sistemático por parte de la UE a la hora de hacer respetar uno de los derechos humanos más fundamentales".

Un lenguaje similar fue utilizado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que el mes pasado declaró a Grecia culpable de realizar devoluciones en caliente "sistemáticas" contra solicitantes de asilo.

Polonia, Letonia y Lituania

La semana pasada, el Tribunal con sede en Estrasburgo comenzó a escuchar tres casos contra Polonia, Letonia y Lituania por acusaciones de devoluciones forzadas a Bielorrusia, lo que marca la primera vez que el TEDH examina un caso relacionado con la instrumentalización de la migración.

La UE ha acusado al presidente bielorruso, Aleksander Lukashenko, de atraer deliberadamente a migrantes de países lejanos a Minsk y guiarlos hacia Europa del Este en un intento de sembrar el caos y polarizar las sociedades occidentales. En respuesta a los planes de Lukashenko, Polonia ha preparado una nueva legislación para suspender temporalmente el derecho de asilo.

Después de criticar inicialmente el plan polaco, la Comisión Europea finalmente cedió y publicó directrices para permitir la suspensión de los derechos fundamentales en "situaciones excepcionales", como la instrumentalización por parte de actores extranjeros. La exención también se aplicará a Finlandia, que ha aprobado una legislación de emergencia que legaliza las devoluciones forzadas.

Las ONG han dado la alarma sobre la deriva de las políticas migratorias, advirtiendo que los migrantes tienen derecho a acceder al procedimiento de asilo tanto si viajan a Europa por su propia voluntad como si son peones en un juego geopolítico.

En una declaración a 'Euronews', un portavoz del Ministerio del Interior polaco ha afirmado que los guardias fronterizos tienen "derecho a utilizar medios de coerción física y armas de fuego" cuando se enfrentan a ataques contra su integridad física y la "inviolabilidad de la frontera estatal".

El Ministerio asegura que los migrantes instrumentalizados por Bielorrusia están cada vez más equipados con herramientas peligrosas y se comportan de forma "agresiva". El año pasado, un soldado polaco murió tras ser apuñalado por un migrante en la frontera con Bielorrusia. "La migración orquestada es un proceso que ni el Derecho internacional ni el Derecho polaco podrían haber previsto", concluye el portavoz.