"Váyanse a otro lado a abortar": Ayuso desafía la ley del aborto y Moncloa estudia acciones legales

El Gobierno de España y la Comunidad de Madrid mantienen un enfrentamiento abierto por la aplicación de la Ley Orgánica 1/2023 de salud sexual y reproductiva, que garantiza el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y obliga a todas las comunidades autónomas a crear un registro de médicos objetores de conciencia.

Según el Ministerio de Sanidad, este registro tiene como objetivo "organizar la prestación sanitaria en condiciones de equidad" y asegurar que las mujeres puedan acceder a un aborto dentro del sistema público, respetando al mismo tiempo la objeción individual de los profesionales. El modelo se inspira en el que ya existe para la eutanasia, también de carácter confidencial y protegido por la legislación de datos personales.

Durante el pleno de la Asamblea de Madrid del jueves, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, fue preguntada por la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, sobre cómo su Gobierno garantizará el acceso al aborto en la sanidad pública y por qué no ha creado el registro de médicos objetores de conciencia que exige la ley. Ayuso respondió que ese registro serviría para "señalar" a los profesionales sanitarios y, tras mencionar que en España se practican más de 106.000 abortos al año, añadió: "¿Le parece poco? Pues váyanse a otro lado a abortar", en referencia al número de interrupciones voluntarias del embarazo.

Ayuso sostiene que la norma vulnera el artículo 16 de la Constitución Española, que reconoce la libertad de conciencia, y afirma que el aborto "está garantizado en la Comunidad de Madrid" mediante convenios con centros privados acreditados.

Desde el Gobierno central, la vicepresidenta y ministra de Igualdad, Ana Redondo, advirtió que "la ley se debe cumplir en todas las comunidades" y que se utilizarán "todos los instrumentos legales disponibles" para hacerlo efectivo. Por su parte, el Ministerio de Sanidad confirmó que ha remitido una comunicación formal a las comunidades que todavía no han creado el registro (entre ellas Madrid, Baleares, Aragón y Asturias) para requerir su implantación conforme a la legislación vigente.

En caso de incumplimiento, el Ejecutivo estudia recurrir al Tribunal Constitucional o a la vía contencioso-administrativa para garantizar la aplicación de la ley en todo el territorio nacional, de acuerdo con el artículo 161 de la Constitución, que faculta al Gobierno para impugnar disposiciones autonómicas contrarias a la normativa estatal.

Del debate autonómico al constitucional

El Ministerio de la Presidencia trabaja actualmente en una propuesta para incluir el derecho al aborto en la Constitución Española, siguiendo el modelo de Francia, para reforzar su protección legal y evitar retrocesos futuros. Según el Boletín Oficial del Estado (BOE), el texto de la ley de 2023 reconoce el aborto como una prestación sanitaria básica y garantiza su acceso en hospitales públicos antes de la semana 14 de gestación.

En paralelo, el Ayuntamiento de Madrid debatió recientemente una iniciativa sobre el llamado "síndrome postaborto", impulsada por el grupo ultraderechista Vox. El alcalde José Luis Martínez-Almeida, del Partido Popular, aclaró que dicho síndrome "no está reconocido científicamente" y aseguró que no se difundirá información médica no avalada por organismos oficiales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) o el Ministerio de Sanidad.

Sánchez fija un plazo de tres meses

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado un plazo máximo de tres meses a las comunidades autónomas que aún no han creado el registro de objetores de conciencia para cumplir con la Ley Orgánica 1/2023. La medida busca asegurar que el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo esté garantizado en todo el territorio nacional.

Sánchez advirtió que el Ejecutivo empleará "todos los mecanismos legales disponibles" si alguna comunidad mantiene su negativa. En declaraciones recientes, subrayó que el cumplimiento de la ley "no es una opción" y que "la objeción de conciencia no puede convertirse en un obstáculo para la atención sanitaria de las mujeres".

El Gobierno estudia activar "mecanismos legales" si, una vez concluido el plazo de tres meses, las comunidades no cumplen con la ley. Entre las opciones que se barajan, figuran un recurso ante el Tribunal Constitucional o la vía contencioso-administrativa para garantizar su aplicación en todo el territorio.