El Gobierno renuncia a limitar al 30% los ingresos por publicidad institucional de los medios en la ley que prepara para el sector

Tras meses de elaboración, el Gobierno ultima la reforma que sustituirá el marco normativo establecido hace casi 20 años en la Ley de Publicidad Institucional. El nuevo Anteproyecto de Ley de Publicidad del Sector Público está casi listo para ir a una primera vuelta en las próximas reuniones del Consejo de Ministros, donde empezará el camino hacia la futura derogación de la norma que hasta ahora ha regido la contratación de anuncios desde las administraciones públicas. El último borrador, al que ha tenido acceso EL PAÍS y está en vías de ser modificado, incluía una limitación a los medios en la financiación que pueden recibir mediante la publicidad institucional. Dicho tope se establecía en un máximo del 30% de los ingresos anuales, pero fuentes conocedoras de su elaboración avanzan que durante una reunión interministerial de secretarios técnicos celebrada este jueves se ha optado por eliminar esta restricción. Entre las razones del cambio está la dificultad de que esta iniciativa prosperase en la tramitación parlamentaria y la premura de adaptar la normativa europea sobre medios de comunicación obligatoria desde el pasado agosto.

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