El Estado de Derecho se deteriora en toda la UE, según un informe

El informe Estado de Derecho de las Libertades, publicado el lunes por la Unión de Libertades Civiles por Europa, revela que, aunque la situación varía de un Estado miembro a otro, existe una tendencia general y fundamental a que el Estado de Derecho se enfrente a graves desafíos en los últimos años. El informe, de 1.000 páginas, se publica anualmente, y su sexta edición, publicada este año, es el resultado de la colaboración entre 43 organizaciones de derechos humanos de 21 países de la UE, coordinadas por Civil Liberties Union For Europe.

Una de las conclusiones más sorprendentes de la investigación de la organización es la persistencia de las violaciones denunciadas y el deterioro general del Estado de Derecho en toda la UE. Aunque los países presentan variaciones, la observación más general es que todos los aspectos fundamentales del Estado de Derecho, a saber, el sistema judicial, las medidas anticorrupción, la libertad de los medios de comunicación, los controles y equilibrios, el espacio cívico y los derechos humanos, se han enfrentado a retos similares y cada vez más graves en los últimos años.

Esto pone claramente de manifiesto las deficiencias persistentes y sistémicas del Estado de Derecho en todo el bloque. "Vemos un gran número de países en los que el Estado de Derecho sigue decayendo, sobre todo en Italia, Eslovaquia, Rumanía y Hungría, por supuesto.

Esto se debe a que la UE no es lo suficientemente firme en sus respuestas al deterioro del Estado de derecho. Si se permiten las violaciones del Estado de derecho, aunque sea tácitamente, se anima a los dirigentes gubernamentales a deteriorarlo aún más", declaró a Euronews Viktor Z. Kazai, experto en Estado de derecho de la Unión de Libertades Civiles para Europa y uno de los autores del informe.

Países separados en diferentes grupos

Los "estancados" son países que permanecieron estáticos o lograron avances mínimos en sus indicadores de Estado de Derecho. Grecia, Irlanda, Malta, Países Bajos y España pertenecen a este grupo. Los "deslizadores" son democracias modelo como Bélgica, Francia, Alemania y Suecia, que mostraron descensos aislados pero preocupantes en determinadas áreas.

Los 'desmanteladores' son países en los que el Estado de Derecho se ve sistemática e intencionadamente socavado en casi todos los ámbitos, y este grupo lo forman Italia, Bulgaria, Croacia, Rumanía y Eslovaquia. El eslabón más débil, y reincidente, es Hungría. Algunos países mostraron notables intentos de mejorar el estado de derecho a nivel nacional. Los 'grandes trabajadores', Estonia y la República Checa, mostraron signos de esfuerzos genuinos y sistémicos para lograr mejoras, destacando el exitoso papel de la sociedad civil en la creación de un cambio positivo.

Polonia, por su parte, se considera un 'cuento con moraleja', ya que el nuevo Gobierno ha intentado restaurar la independencia judicial y el pluralismo de los medios de comunicación sin lograr grandes avances, lo que ilustra que abordar la comprometida independencia de las instituciones es un empeño extremadamente difícil y frágil.

Según el informe, es absolutamente crucial que la Comisión Europea vincule el informe anual sobre el Estado de Derecho con los mecanismos de aplicación del Estado de Derecho, como los procedimientos de infracción del artículo 7 para los Estados miembros que no respeten los valores europeos o la condicionalidad de la UE.

Puntos clave

Según el informe, el sistema judicial sigue adoleciendo de manipulación política, recursos insuficientes y obstáculos a la asistencia jurídica, todo lo cual socava su independencia, calidad y eficacia. El panorama también muestra que en el ámbito de la lucha contra la corrupción persisten la falta de transparencia, la debilidad en la aplicación de la ley y la inadecuada protección de los denunciantes, lo que conduce a una erosión de la confianza en la integridad del Gobierno.

La libertad de los medios de comunicación sigue amenazada en muchos países, ya que la influencia política compromete la independencia de los organismos reguladores y la concentración de la propiedad ahoga el pluralismo. Los controles y equilibrios se debilitan aún más por el uso excesivo de procesos legislativos acelerados, la interferencia política en las autoridades independientes y la integridad comprometida del sistema electoral, todo lo cual erosiona el control democrático y legal sobre el Gobierno.

Además, los espacios cívicos han seguido reduciéndose a medida que las campañas de desprestigio generalizadas envalentonan a los gobiernos para adoptar leyes restrictivas, en particular en lo que se refiere al derecho a la protesta pacífica y a la libertad de reunión y asociación.

Por último, los derechos humanos están sometidos a una presión cada vez mayor debido al endurecimiento de las políticas migratorias, la inadecuada protección de los grupos vulnerables y el aumento de la discriminación y la incitación al odio que afectan a las minorías de toda la región.

Retos internacionales

Como señalan los autores del informe, estos retos internos se están desarrollando en un panorama geopolítico cambiante, en el que el auge del populismo de extrema derecha y el retroceso democrático en Estados Unidos y los conflictos mundiales marcan la trayectoria política de Europa.

La creciente influencia de la extrema derecha amenaza la unidad de la UE, mientras que la guerra de Rusia contra Ucrania y la disminución del apoyo transatlántico a la seguridad europea ponen a prueba la resistencia del bloque. Las políticas migratorias son cada vez más duras: los Estados endurecen las fronteras y restringen el derecho de asilo, a menudo violando el Derecho internacional. Mientras tanto, los mecanismos de aplicación de la UE siguen siendo débiles, lo que ha permitido que se enconen tendencias antiliberales en lugar de enviar un mensaje claro sobre la centralidad del Estado de derecho y los derechos fundamentales. Sin una acción decisiva, la UE se arriesga a una mayor erosión democrática, fragmentación interna y debilitamiento de su posición global.

"A medida que aumenta el populismo de extrema derecha y retrocede la democracia en Estados Unidos, se agrava la crisis del Estado de derecho en Europa. La creciente influencia de la extrema derecha amenaza la unidad de la UE, mientras que la guerra de Rusia en Ucrania y la rápida transformación de los lazos transatlánticos ponen a prueba la resistencia del bloque. Para salvaguardar la UE y el mundo basado en normas, la Comisión Europea debe reforzar la aplicación del Estado de Derecho, vinculándola directamente al artículo 7, la condicionalidad presupuestaria y los procedimientos de infracción".