El expresidente peruano Humala, condenado a 15 años de cárcel junto a su mujer en el caso Odebrecht

Un tribunal peruano ha condenado este martes al expresidente Ollanta Humala y a su esposa, Nadine Heredia, a 15 años de prisión por blanquear fondos recibidos de diferentes actores sudamericanos para financiar sus campañas de 2006 y 2011.

Los jueces de la Corte Superior Nacional de Perú han determinado que Humala y Heredia recibieron varios millones de soles peruanos en contribuciones ilegales para costear estas campañas. El dinero ilícito, afirma el juez, provino de la constructora brasileña Odebrecht y del Gobierno del entonces presidente venezolano Hugo Chávez (1999-2013).

No obstante, el Gobierno de Brasil ha otorgado asilo diplomático a la ex primera dama condenada. La mujer ha obtenido un salvoconducto del Ejecutivo peruano para autorizar su traslado a este país, según la Cancillería de Perú. También a su hijo Samir Humala.

Este veredicto convierte a Humala en el tercer expresidente peruano encarcelado por corrupción en las últimas dos décadas. Se une así, entre otras figuras, a Alejandro Toledo, al exjefe del Estado Alan García, Pedro Pablo Kuczynski o Alberto Fujimori, quien recibió múltiples condenas por corrupción y abusos contra los derechos humanos. La nieta de este último, la ultraderechista y candidata presidencial Keiko Fujimori, también estuvo encarcelada por blanqueo.

El juicio de la pareja comenzó en 2022. Además del exmilitar Humala, de 62 años de edad, y su esposa, de 48, el Tribunal ha condenado a otras ocho personas. Tanto Humala como Heredia ya estuvieron en prisión preventiva entre 2017 y 2018 a petición de la Fiscalía para evitar su fuga.

Odebrecht, la constructora brasileña que ha puesto en jaque la política peruana

La admisión por parte de Odebrecht de sobornos generalizados en diferentes partes de Latinoamérica, entre otras zonas del mundo, ocurrió un año después de las investigaciones iniciales contra Humala, desarrolladas en 2015.

La trama de corrupción más importante en la historia contemporánea de la nación andina ha acabado con las carreras políticas de figuras prominentes en Lima. La consecuencia más trágica hasta ahora ha sido el suicidio de Alan García. El dos veces jefe de Estado fue investigado por delitos económicos ante la sospecha de que pagó sobornos a la empresa brasileña para construir la línea 1 del metro limeño. García trató de pedir asilo político en Uruguay, pero su petición fue denegada por Montevideo.

Quien sí consiguió huir a Estados Unidos fue Alejandro Toledo, presidente de Perú entre 2001 y 2006. Sin embargo, en abril de 2023 fue extraditado a la prisión de Barbadillo, donde recibió su condena de 20 años por otra ramificación de este mismo caso. Toledo habría sobornado a la constructora brasileña a cambio de favorecer la licitación de varios tramos de la carretera interoceánica del sur de Perú.

La justicia peruana, en cambio, dejó sin efecto los 35 años de cárcel que la Fiscalía solicitaba para el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) por su gestión anterior como ministro de Alejandro Toledo. La Justicia desestimó su acusación por el caso Odebrecht al determinar que se vulneró su derecho a la defensa por errores procesales de la Fiscalía.

El caso de corrupción global se desveló gracias a la actuación de Sergio Moro, juez brasileño y exministro con Jair Bolsonaro, cuya operación Lava Jato reveló un complejo esquema de sobornos implementado por la empresa constructora más grande de América Latina para pagar a políticos y partidos de la región, así como a funcionarios de dos países africanos.

La lista de proyectos de construcción pública vinculados a Odebrecht en la región es interminable: líneas de metro en Venezuela, un complejo proyecto de irrigación en Perú, un puerto multimillonario en Cuba, presas eléctricas en Panamá, tranvías en Colombia y sedes olímpicas en Brasil. La empresa desarrolló una de las mayores presas hidroeléctricas de África, en Angola. En diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos condenó a Odebrecht a pagar una multa récord de 3.500 millones de dólares tras la confesión de varios de sus directivos.