Negocios privados con Israel: entre los derechos humanos y la responsabilidad contractual

Las relaciones comerciales hispano-israelíes afrontan una crisis sin precedentes en los últimos años, producto de la guerra en Gaza y la masacre humanitaria que la acompaña. En un escenario de intensa tensión, el Gobierno español ha roto una veintena de contratos de defensa con empresas israelíes por más de 1.200 millones de euros. Esta drástica decisión política, formalizada a través de un embargo total de armas por parte del Ejecutivo, ha desencadenado un debate de gran calado jurídico, ético y económico en las empresas que tienen lazos comerciales con el Estado hebreo, y que no sólo se reducen al sector de la defensa y la seguridad. Según el Instituto de Comercio Exterior (ICEX), en 2024 España vendió mercancías a Israel por un importe total de 1.722 millones de euros, frente a unas importaciones durante ese mismo año de 906 millones.
Derechos humanos
Lucía Sánchez-Ocaña (ASCOM) advierte de que la cuestión no es “con quién se comercia por su nacionalidad”, sino qué riesgos objetivos genera esa relación “y si vulnera obligaciones contractuales y de cumplimiento”. En su oponión, lo recomendable “es evitar vetos amplios políticos y, en su lugar, imponer obligaciones de resultado en materia de cumplimiento y derechos humanos a toda la cadena de valor”. Para el catedrático Fernández Rozas, no es concebible que los contratos tengan limitaciones de uso. “Aunque en el comercio mundial existe la tendencia a que deben ejecutarse con respeto a los derechos humanos”.
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