La ley de acciones colectivas sigue en pausa… y el IRPH pone el foco en su potencial impacto

Hace una semana que la Sala Civil del Tribunal Supremo se reunió para deliberar sobre la legalidad del IRPH cinco años después de haberlo avalado. Este índice, usado por el Banco de España para calcular intereses hipotecarios y que afecta a cerca de un millón de préstamos, podría volver a generar miles de reclamaciones si el nuevo fallo —que se publicará pronto— cambia el criterio anterior. Entretanto, la ley de acciones colectivas, clave para canalizar estas demandas, sigue paralizada.

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La financiación

Modelo mixto. El legislador español parece optar por un modelo mixto entre el intervencionista y el liberal. El artículo 844.1.f del proyecto de ley sólo exige que la financiación se explicite públicamente.  
Temor entre los consumidores. Para Facua, “el resultado es un modelo que no garantiza la igualdad en el acceso a la justicia y que, lejos de reforzar los derechos de los consumidores, los deja a expensas de la lógica del mercado”. 
Financiadores extranjeros. Asufin alerta de que el Parlamento Europeo considera que los honorarios de los financiadores no pueden superar el 40% de las indemnizaciones reconocidas o acordadas en el procedimiento y que limitarlos al 20% en España “nos pondría en desventaja frente a otras asociaciones que podrían venir al país con mayor financiación porque su estatuto lo permite”.
Supervisión judicial. Todo el procedimiento de financiación debe ser totalmente transparente y auditado por el juez que conozca del procedimiento.
Honorarios abogados. “No prevemos un cambio sustancial: el esquema de remuneración dependerá de la estructura de cada procedimiento y de la entidad que lo promueva”, dice Pablo Abad (Legalsha).