Despidos y represalias: el blindaje constitucional que se abre paso en la empresa

La reciente doctrina del Tribunal Constitucional (Sentencia 148/2025, de 9 de septiembre), en relación con la sentencia del juzgado número 6 de Las Palmas de Gran Canaria 64/2022, vuelve a situar en el centro del debate jurídico-laboral el «derecho a la indemnidad del trabajador», entendido como la garantía legal que lo protege de represalias del empleador por reclamar sus derechos, denunciar irregularidades o iniciar acciones legales contra la empresa. Se trata de una manifestación esencial del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 24.1 de la Constitución. Este principio adquiere un renovado impulso gracias a un pronunciamiento del Pleno del Tribunal que declara nulo el despido de un trabajador tras presentar una reclamación ante su representación sindical.
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