28.000 euros de rescate: las empresas se enfrentan a la okupación ilegal de sus marcas

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La colaboración  de la Policía Nacional

Desde la Policía Nacional explican que el “objetivo principal de quienes registran marcas similares a otras reconocidas es obtener un beneficio económico aprovechando la confusión del consumidor. En muchos casos, estas personas buscan ganar tiempo o aparentar legalidad para comercializar imitaciones o productos falsificados”, explica el inspector José Luis Gómez Pidal, jefe de la sección de delitos contra la propiedad intelectual e industrial. En las intervenciones policiales, el problema se da cuando comprueban que el producto o su distribuidor cuenta con un registro válido de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) o de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), “ya que en esos casos no existe infracción penal directa”. 
Ante este escenario, el inspector jefe recomienda a los titulares de las marcas afectadas presentar una oposición o recurso ante las oficinas, o bien iniciar acciones civiles por competencia desleal o infracción de derechos marcarios. “Desde la Policía Nacional colaboramos proporcionando los informes técnicos o pruebas que puedan respaldar esas actuaciones judiciales”, dice Gómez Pidal. En la línea de la colaboración también se pronuncia el director general de Andema, Gerard Guiu, quien llama a “reforzar las medidas de vigilancia registral y la cooperación entre titulares, oficinas de propiedad industrial y autoridades”.