El ingreso mínimo vital deja fuera a 200.000 familias de rentas bajas que tienen patrimonio pero no liquidez
El Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una renta de último recurso que beneficia actualmente a millones de personas (un 40%, menores de edad) y que cumple ahora cinco años desde su creación en 2020, en plena pandemia. En su corta vida, es una de las normas que más modificaciones ha experimentado, debido a que el legislador intenta adecuar su diseño a las necesidades de sus potenciales beneficiarios, que son los colectivos más vulnerables y a los que es más difícil llegar. Así, los requisitos que deben cumplir el medio millón de hogares que lo reciben en la actualidad —que tienen que ver con las rentas, la determinación de la unidad familiar o la compatibilidad de esta prestación con un salario— han ido variando con los años. Y un nuevo dato conocido este miércoles incita a abordar nuevos cambios: actualmente hay algo más de 200.000 familias que cumplen las exigencias de la ley en materia de rentas bajas, pero por el patrimonio que tienen (fuera de la vivienda habitual) son excluidos de la ayuda pese a no disponer de suficientes ingresos para afrontar el día a día.
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