Más de ocho millones de personas viven en las zonas declaradas tensionadas por Cataluña, País Vasco y Navarra

El control del mercado inmobiliario ha tomado un giro inesperado este año, con tres comunidades autónomas —Cataluña, País Vasco y Navarra— implementando la declaración de áreas tensionadas a fin de topar el precio de los alquileres. La decisión afecta a más de ocho millones de habitantes en las tres regiones, aunque la distribución de población es desigual: mientras que la comunidad catalana cuenta con más de siete millones de vecinos que viven en los 271 de los 299 municipios que se han acogido al control de precios de la vivienda, las dos comunidades forales suman poco menos de 900.000 habitantes entre ambas. La normativa impacta específicamente al 90% de la población catalana (unos 7,1 millones de habitantes), al 20% en el País Vasco (437.556 personas) y al 68% en Navarra (459.088). La intervención, impulsada en todos los casos por consistorios gobernados por la izquierda, busca mitigar la creciente presión de la población hacia los gobernantes para poner remedio al desmesurado aumento de precios de la vivienda y la falta de oferta. Sin embargo, los efectos de la medida siguen en duda, y mientras algunos expertos celebran los avances de estas políticas, otros alertan sobre los riesgos de una intervención excesiva.

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