Pymes y autónomos se enfrentan entre dudas a la nueva facturación electrónica obligatoria
El nuevo marco normativo generado por la aprobación de las leyes conocidas como Crea y Crece (Ley 18/2022) y antifraude (Ley 11/2021) y su entrada en vigor casi completa en 2026 –en muchos de sus apartados– durante los próximos meses está suponiendo un importante esfuerzo, lo primero de comprensión, para miles de pymes que vertebran el tejido empresarial del país. Las novedades pretenden modernizar su día a día, dando un vuelco a la forma de facturación y su relación con el fisco.
Los plazos
Como señala Gonzalo de Luis, socio director en De Luis Abogados, “todo lo relacionado con la factura electrónica es confuso y disperso y los plazos anunciados se han incumplido hasta ahora”. El calendario previsto es el siguiente: a partir del 1 de julio de 2025, los desarrolladores de software de facturación y contabilidad deben asegurar que sus productos cumplan con los requisitos de la ley, incluyendo la integridad, conservación, trazabilidad e inalterabilidad de los registros. Las empresas y autónomos tienen hasta el 1 de enero y el 1 de julio de 2026 respectivamente, para adaptar sus sistemas. La segunda fase, para emitir facturas electrónicas entre empresas, comenzó en 2025 para grandes corporaciones y afectará en 2026 a pymes y autónomos.
En todo caso, los expertos piden elasticidad en la aplicación ya que, como expone el presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos (CGGA), Fernando Santiago, “el cumplimiento normativo no se garantiza con sanciones, sino con comprensión, acompañamiento y recursos. Si lo hacemos con empatía, flexibilidad y ayudas reales, la facturación electrónica puede convertirse en una palanca de modernización. Si lo hacemos con rigidez y sin apoyo, puede ser un golpe para quienes menos margen tienen”.
Francisco Vidal, director de economía y políticas sectoriales de Cepyme, recuerda que la institución, por su parte, ha pedido plazos más largos para adaptación y formación y espera que la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) sea comprensiva con las dificultades en la implementación”.
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