La defensa de Begoña Gómez recurre la decisión del juez de llevar su caso ante un jurado popular
La Audiencia Provincial de Madrid ha corregido al juez Juan Carlos Peinado y ha rechazado su decisión de dividir el conocido como caso Begoña Gómez, que investiga a la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al considerar que la actuación del magistrado fue "prematura e inmotivada desde el punto de vista fáctico, normativo y procedimental".
El tribunal considera que no procede abrir una pieza separada para indagar específicamente sobre un presunto delito de malversación relacionado con la contratación y funciones de Cristina Álvarez, asesora en el Palacio de La Moncloa, según consta en un auto judicial al que han tenido acceso medios locales.
Pese a este revés procesal para el magistrado instructor, la Audiencia Provincial ha avalado que dicha línea de investigación continúe dentro de la causa principal, lo que mantiene vivas las sospechas sobre un posible uso indebido de recursos públicos. En su resolución, el tribunal subraya que la investigación no debe fragmentarse, a fin de garantizar una instrucción coherente y evitar duplicidades.
Los magistrados, de acuerdo con una nueva resolución de la instancia superior, apuntan a que durante la investigación se ha evidenciado que la asesora de Moncloa Cristina Álvarez "ha participado desde su puesto de funcionaria de libre designación de Presidencia del Gobierno, en actuaciones del exclusivo interés personal de la esposa del presidente".
Este nuevo capítulo del proceso a Gómez llega en un momento de elevada tensión política, con el caso situado en el epicentro del debate público. El entorno de la esposa del presidente ha reiterado su inocencia y denuncia una persecución judicial, mientras que la oposición insiste en exigir transparencia total. La causa continúa, por tanto, intacta en su núcleo, y vuelve a manos del juez Peinado para seguir adelante con las pesquisas.
La defensa de Begoña Gómez recurre la decisión del juez Peinado
La defensa de Begoña Gómez ha presentado un recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid contra la decisión del juez Juan Carlos Peinado de remitir su causa a un jurado popular. Según el escrito, la propuesta del magistrado es "claramente irregular" porque no se cumplen los requisitos que establece la ley para aplicar este procedimiento.
El recurso, al que han tenido acceso medios españoles, cuestiona el auto por el que el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid transformó la investigación principal, en la que se indagan presuntos delitos como tráfico de influencias, en un procedimiento de la ley del jurado. La defensa recuerda que la Audiencia de Madrid ya se pronunció en términos similares al resolver que la pieza separada sobre una supuesta malversación debía investigarse dentro del procedimiento principal.
El abogado y exministro Antonio Camacho sostiene que no existe "ninguna prueba, absolutamente ninguna" de que los delitos se hayan cometido. Añade que, tras revisar los 19 tomos de la causa, no hay "indicio alguno" que permita imputar delito a Gómez ni "hablar de la verosimilitud de los indicios" exigida por la ley.
Camacho también argumenta que no se cumple el requisito de conexidad, ya que las actuaciones se habrían producido en ámbitos distintos: la Universidad Complutense de Madrid, donde se analiza la actividad profesional de Gómez, y el de la contratación pública, en el que se investiga si pudo influir en favor del empresario Juan Carlos Barrabés.
El letrado subraya que "no todos los delitos son imputables a todos los investigados" y que no existe "unidad personal, temporal ni geográfica". En su escrito, examina los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida, concluyendo que no hay indicios que justifiquen su investigación.
Por último, la defensa critica que la instrucción de Peinado es "prospectiva" y "universal", y denuncia que no se puede "bucear en la vida de una persona" sin indicios concretos de delito. La causa principal, abierta en abril de 2024, investiga si Gómez pudo influir en favor del empresario Barrabés en la adjudicación de contratos públicos y su papel en la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense, incluida la obtención de patrocinio empresarial para un software vinculado a la misma.
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