La juez instructora del caso de la DANA imputa a la exconsellera Pradas

El juzgado de Catarroja que investiga las responsabilidades políticas en la gestión de la crisis climática de la DANA en la Comunidad Valenciana ha citado este lunes como investigada a Salomé Pradas, 'exconsellera' de Justicia e Interior de la Generalitat.

Pradas -ante la ausencia del president de la Generalitat, Carlos Mazón- era la máxima responsable política presente durante la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado, el famoso CECOPI valenciano, celebrada durante la tarde de la catástrofe.

Nuria Ruiz Tobarra,la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja (Valencia), también ha imputado al secretario autonómico de Emergencias de la Generalitat, Emilio Argüeso. Este segundo alto cargo político pertenecía a las filas de Ciudadanos, formación con la que fue senador autonómico de las Corts hasta que fue expulsado por incitar al transfuguismo mediante sobornos para favorecer al Partido Popular. En 2023 pasa a ser alto cargo del Gobierno del PP valenciano.

Pradas y Agüeso declararán por presuntos delitos de homicidio y lesiones por imprudencia. La magistrada los considera responsables del proceso de adopción de medidas de autoprotección de la población y señala que, por el momento y ante la ausencia de Mazón de la reunión, se atribuye ese proceso de adopción "a la máxima autoridad" correspondiente; es decir, ellos dos. Las imputaciones de la exconsellera y el secretario habían sido solicitadas por la Asociación de Damnificados Dana Horta Sud, una de las zonas más afectadas por la DANA que arrasó la provincia de Valencia y parte de la sierra sur de Albacete.

José Ángel Núñez, jefe de la AEMET en Valencia y uno de los cargos técnicos presentes en la fallida reunión del CECOPI, aseguró en una entrevista en la 'Cadena SER' que Pradas entró y salió de la sala en numerosas ocasiones para hacer llamadas, pero sin llegar a tomar y ejecutar decisiones. A día de hoy aún se desconoce dónde se encontraba Mazón -quien no llegó hasta horas después al CECOPI- y si era él con quien Pradas hablaba por teléfono. Tras ser despedida de su cargo, la 'exconsellera' se ha limitado a declarar lo siguiente: "Ya se sabrá la verdad. Yo me mantengo en no decir nada por ahora, aunque algunas informaciones me perjudican, pero tengo claro lo que pasó".

En un nuevo comunicado remitido a varios medios de comunicación hoy lunes tras conocerse la noticia, Pradas ha lamentado tener que enterarse a través de la prensa de su imputación: "Siempre estaré en disposición de poder ayudar a que se conozca toda la verdad sobre las circunstancias que rodearon a la gestión de la emergencia", ha reiterado la exconsellera en el escrito. "Unos días en los que me mantuve, desde el primero hasta el último, atendiendo las funciones institucionales que me correspondían", ha continuado, en una velada alusión a Carlos Mazón.

El 'president' de la Generalitat esquiva por ahora la imputación

Horas antes de conocer la imputación de la que fue una de las figuras más fuertes del Consell valenciano, Carlos Mazón ha reclamado desde Bruselas mayor coordinación con el Gobierno central para coordinar la llegada de los fondos de emergencia de la Unión Europea para paliar los efectos de la DANA.

Mazón, que ha acudido a la capital belga con motivo de su nombramiento como vicepresidente de la Comisión Económica del Comité Europeo de las Regiones, se ha librado por el momento de una investigación formal por parte de la juez pero no de las críticas de la oposición valenciana. Miembros del equipo de Compromís en la Comisión (con un escaño en el Parlamento Europeo tras las pasadas elecciones, en las que concurrieron con Sumar) han depositado en el escaño desde el que ha intervenido el jefe del Consell un cartel de "Mazón dimisión" y han criticado que busque un refugio en este viaje para intentar escapar de la creciente presión popular.

Pese a que la juez ha rechazado de momento imputar a Mazón -aforado por su cargo- sí que le ha comunicado formalmente las actuaciones realizadas respecto a los dos excargos de su Ejecutivo, conforme al artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para que pueda solicitar su personación voluntaria si así lo considera oportuno.

La magistrada de Catarroja también ha inadmitido a trámite la querella presentada contra el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, y otros cuatro cargos de la CHJ ante la "inexistencia de indicios" contra ellos.