¿Es el impuesto a los ultrarricos la solución fiscal en Europa?

Es el tema que tiene en vilo a los políticos franceses. Se llama impuesto Zucman. La propuesta consiste en introducir un nuevo impuesto sobre los más ricos. El principio es sencillo: hacer que los ultrarricos, que están sujetos al impuesto sobre la renta como todos los contribuyentes, paguen cada año el 2% del valor total de su patrimonio.

Este impuesto se aplicaría a las personas cuyo patrimonio supere los 100 millones de euros, lo que representaría 1.800 personas en Francia. Para sus promotores, esta idea es una herramienta de justicia fiscal en un momento de rigor presupuestario, cuando se pide a los Estados miembros que gasten más en Defensa.

Giulia Varaschin, asesora política del Observatorio Fiscal de la UE, señala que se trata de "una medida muy popular" entre la opinión pública, pero también "en todo el panorama político". Otra ventaja, según Giulia Varaschin, es que esta propuesta "aborda un problema, a saber, que los ultrarricos pagan menos impuestos".

Esta idea es el punto de partida de la reflexión del economista francés Gabriel Zucman. Con esta medida, propone corregir una forma de desigualdad fiscal en la que los más ricos pagan menos impuestos que el resto de la población.

Pero esta afirmación es rebatida por otros economistas. "No sólo afectará a los multimillonarios. Hay que ser conscientes de que este impuesto también afectará a los empresarios que han desarrollado sus negocios y a las empresas familiares", afirma Mikael Petitjean, economista jefe de Waterloo Asset Management y profesor de la Universidad Católica de Lovaina.

El riesgo sería, por tanto, ver cómo las empresas reducen sus inversiones. "En los últimos 30 años, las 500 personas más ricas de Francia han pasado de representar el 6% del PIB nacional al 42% actual", replica Giulia Varaschin.

Reponer las arcas sin recortes presupuestarios

Según Gabriel Zucman, esta medida permitiría enjugar parte del déficit francés sin proceder a profundos recortes presupuestarios. El impuesto podría reportar al Estado francés unos 20.000 millones de euros.

"Básicamente, cuando hablamos de encontrar dinero para llenar el presupuesto, podemos o bien reducir el gasto público, lo que significaría recortar la asistencia social, las pensiones y la sanidad, o bien recaudar más dinero, sobre todo de la gente que ya no paga nada", resume Giulia Varaschin.

El efecto acumulativo a escala de la UE sería aún mayor, ya que se calcula que un impuesto de este tipo reportaría 67.000 millones de euros a los Estados miembros. Pero estas cifras dejan perplejo a Mikael Petitjean: "No creo que lleguemos a los 20.000 millones de euros. Algunas estimaciones hablan más bien de 5.000 millones, pero incluso me lo pregunto. Creo que incluso es posible que no se gane nada", afirma el economista.

"Hay una dinámica de ajuste del comportamiento que los economistas suelen subestimar mucho, que hace que la gente no se deje aprovechar. Se utilizan estrategias para intentar evitar este impuesto", prosigue.

Un impuesto adicional plantea la amenaza de un éxodo fiscal de los ultrarricos. El Observatorio Fiscal Europeo rechaza este argumento. "Los datos que tenemos sobre la fuga de capitales tras una subida de impuestos, es decir, el hecho de que los ricos abandonen su país tras una subida de impuestos, muestran que el exilio fiscal es muy, muy marginal. Y según todos los datos de que disponemos, siempre ha tenido un efecto económico insignificante", explica Giulia Varaschin.

La situación en Europa

En la UE, sólo España cuenta desde hace tres años con un impuesto de solidaridad para las grandes fortunas. Se aplica a los patrimonios netos iguales o superiores a 3 millones de euros. El Ministerio de Hacienda apoya el "efecto beneficioso" de esta medida. Esta medida sólo pretendía ser temporal para los ejercicios fiscales de 2022 y 2023, pero finalmente se ha prorrogado su aplicación de forma indefinida.

Sin embargo, la idea de hacer pagar a los contribuyentes más ricos está causando revuelo en otros países europeos. Noruega , que no forma parte de la UE, tiene un impuesto sobre el patrimonio del 1,1% sobre los activos superiores a 1,7 millones de euros. El Partido Laborista, que ganó las elecciones generales a principios de este mes, se ha comprometido a mantener este sistema.

En Suiza, que no es miembro de la UE, se grava el patrimonio, pero el porcentaje varía de un cantón a otro. Actualmente está en curso un debate político. El 30 de noviembre, los electores deberán pronunciarse sobre la fiscalidad de las herencias. La iniciativa propone gravar al 50% las herencias superiores a 53 millones de euros (50 millones de francos suizos), con el fin de financiar la transición climática.

Sin embargo, Mikael Petitjean matiza estos dos últimos ejemplos. "Suiza y Noruega son dos países muy ricos, con mucho capital. En Noruega tienen un fondo soberano colosal, y de hecho tienen un poco de vergüenza de riquezas en Noruega, y en Suiza también", explica. Otros Estados miembros gravan rentas muy elevadas, pero sobre activos específicos.

En Francia , el impuesto sobre el patrimonio no existe desde 2018, sino que ha sido sustituido por un impuesto sobre la riqueza inmobiliaria. Solo se aplica a los activos inmobiliarios con un valor neto superior a 1,3 millones de euros.

Hasta 2001, los Países Bajos tenían un impuesto sobre el patrimonio. A partir de ahora, se aplicará un impuesto del 36% a los "rendimientos ficticios" de los activos. El sistema cubre las segundas residencias, los ahorros y las acciones. En Bélgica, se recauda una contribución de solidaridad sobre determinados valores.

En el Reino Unido se está debatiendo la fiscalidad de los ultrarricos, personas cuyo patrimonio supera los 11 millones de euros (10 millones de libras). La propuesta, defendida por ONG, responsables del Partido Laborista y el economista francés Thomas Pikkety, prevé un impuesto del 2% sobre estas personas muy ricas. Los conservadores se oponen por el mismo motivo que el impuesto Zucman: la fuga de inversores.