Euroverify: No hay un comunicado de 16 países europeos contra la ley de amnistía

Una oleada de afirmaciones virales ha vuelto a poner de actualidad la ley de amnistía española de 2023, que suscitó polémica cuando se presentó. Una serie de mensajes publicados inicialmente en 2023, en los que se afirmaba que 16 países europeos habían emitido una declaración contra la ley de amnistía española, han vuelto a aparecer. Otras afirmaciones reaparecidas anunciaban que la propia UE calificó de "anomalía democrática" el sistema español de nombramiento del fiscal general.

Sin embargo, ambas afirmaciones son falsas. Los verificadores de hechos confirmaron que no se hizo tal declaración, y el informe de la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho nunca utilizó tales términos. Lo que sí hizo fue señalar las preocupaciones planteadas por partes interesadas externas.

¿Qué es la ley de amnistía española?

La ley de amnistía española, aprobada en 2023, concedió indultos legales a políticos, activistas y funcionarios implicados en el proceso independentista catalán y las protestas relacionadas desde 2012. Su objetivo era supuestamente reducir las tensiones políticas y allanar el camino para el diálogo entre el Gobierno español y los grupos separatistas catalanes.

Sus partidarios argumentaron que era un paso hacia la reconciliación y la estabilidad. Sin embargo, sus detractores afirmaron que socavaba el Estado de derecho, creaba desigualdad de trato en los procesos judiciales y se utilizaba como instrumento de negociación política para garantizar el apoyo parlamentario al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Una afirmación falsa afirmaba que 16 países europeos habían emitido una declaración conjunta contra esta ley, exigiendo que se suspendieran los fondos de la UE. Versiones del rumor también afirmaban que Sánchez había ordenado a los medios de comunicación españoles que suprimieran el asunto.

La historia se extendió por Facebook, TikTok y otras plataformas, normalmente con la misma redacción. Pero estos mensajes nunca detallaban qué 16 países habían firmado supuestamente la declaración, nunca enlazaban a ningún documento oficial y nunca citaban fuentes de noticias fiables.

La repetición uniforme del mismo texto sugería un intercambio coordinado de copia y pega más que una información creíble. De hecho, la afirmación reapareció en múltiples ocasiones entre finales de 2023 y 2025, cobrando fuerza cada vez que la ley de amnistía aparecía en el debate público.

La afirmación de que 16 países tomarían medidas contra España era falsa

Pero esta afirmación resultó ser falsa. El Ministerio de Asuntos Exteriores español dijo a 'Maldita.es' que nunca había recibido tal declaración y que no tenía constancia de ella. La oficina de prensa del Consejo de la Unión Europea también confirmó (tanto en 2023 como de nuevo en 2025) que nunca se había presentado tal solicitud.

Otras comprobaciones en los sitios web oficiales y las cuentas de redes sociales de la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo no revelaron rastro alguno de la supuesta declaración.

Tampoco los medios de comunicación españoles o internacionales informaron de nada parecido. Esta ausencia de fuentes y los desmentidos directos de las instituciones oficiales son una prueba fehaciente de que la afirmación de que 16 países tomarían medidas contra España era falsa.

La segunda afirmación falsa afirmaba que los informes de la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho habían declarado que el sistema español de nombramiento del fiscal general era una "anomalía democrática".

Esta frase fue utilizada públicamente por Cuca Gamarra, del partido de la oposición Partido Popular. Sugirió que las propias instituciones europeas habían condenado formalmente el sistema español como antidemocrático, añadiendo así peso internacional a la oposición nacional.

La afirmación cobró fuerza en el debate político, sin el respaldo de pruebas

Esta afirmación cobró fuerza en los debates políticos y en la cobertura mediática, pero no estaba respaldada por pruebas. El informe de la Comisión sobre el Estado de Derecho de 2025 sí habla del sistema fiscal español, especialmente de las reformas del estatuto del fiscal general, pero no utiliza el término "anomalía democrática" en ninguna parte.

En cambio, deja constancia de que algunas "partes interesadas", como asociaciones, ONG u otros observadores, habían expresado su preocupación por los riesgos para la independencia de la influencia gubernamental. En otras palabras, el informe resumía opiniones externas en lugar de emitir un juicio formal de la UE.

La oficina de prensa de la Comisión Europea también confirmó que el informe nunca describió el sistema de nombramientos de España como una "anomalía democrática". Lo que sí recomienda el informe es que España siga reforzando la independencia del fiscal general, aunque no exige separar su mandato del del Gobierno.