La Comisión estudiará un fondo para el acceso al aborto seguro en toda la UE

Con 26 semanas de embarazo, Mirela Čavajda descubrió que su bebé padecía una grave enfermedad y que o bien nacería en condiciones potencialmente mortales, o lo más probable es que muriera antes de nacer.

Cuando Čavajda buscó ayuda médica en Zagreb, los médicos de cuatro hospitales diferentes rechazaron su petición, algunos sin explicación, mientras que otros dijeron que no podían confirmar el diagnóstico o no tenían las condiciones necesarias para realizar el procedimiento.

Entonces viajó a la vecina Eslovenia por consejo de los médicos, donde una comisión aprobó su solicitud de interrupción del embarazo. El procedimiento le costó unos 5.000 euros.

En Croacia, el aborto sin justificación médica es legal hasta las 10 semanas de embarazo. Después, sólo se permite en circunstancias específicas, como la de Čavajda. La ley croata data de 1972, y alrededor de uno de cada seis médicos son objetores de conciencia, lo que significa que pueden negarse a realizar el procedimiento por razones morales o religiosas.

El caso de Čavajda en 2022 atrajo la atención masiva de los medios de comunicación y provocó protestas callejeras. En sólo dos días, las ONG recaudaron unos 29.000 euros de 1.472 ciudadanos y 16 organizaciones para apoyarla. Los fondos sobrantes, según la ONG croata que lideró la iniciativa, se utilizaron para ayudar a la mujer a sufragar los gastos de otros servicios sanitarios.

Aunque una comisión secundaria aprobó su aborto en medio de la indignación pública, y el Ministerio de Sanidad prometió cubrir cualquier coste de tratamiento en el extranjero, el prolongado procedimiento y las dudas de los profesionales médicos hicieron que Čavajda se sintiera "abandonada a su suerte", como declaró entonces a los medios de comunicación.

Legislaciones restrictivas

Aunque la legislación croata sigue siendo restrictiva, no es la más severa de la UE, donde Polonia y Malta aplican prohibiciones casi totales o totales del aborto. En Malta, el caso de Andrea Prudente saltó a los titulares en 2022.

Prudente, embarazada de 16 semanas y de luna de miel en la isla mediterránea, sufrió un aborto espontáneo incompleto y tuvo que recurrir al aborto, pero no podía practicárselo en Malta, donde sigue siendo ilegal en cualquier circunstancia. Como su vida corría grave peligro, su seguro se encargó de trasladarla en avión a España, donde los médicos le practicaron el aborto.

El caso llevó a los legisladores malteses a suavizar la prohibición general del aborto en caso de riesgo para la salud de la embarazada. Sin embargo, la ley se modificó posteriormente para estipular que deben estar en peligro de muerte para acceder a un aborto, e incluso entonces, sólo tras el consentimiento de tres especialistas.

En Polonia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dictaminó que se habían violado los derechos de una mujer al obligarla a viajar al extranjero después de que una sentencia del Tribunal Constitucional de 2020 prohibiera los abortos por anomalías fetales graves.

Otro caso ocurrido en 2021, el de una mujer llamada Izabela que murió de septicemia después de que los médicos retrasaran un aborto que podía salvarle la vida, provocó protestas masivas en todo el país y la condena de tres médicos por poner en peligro su vida. Sin embargo, la sentencia judicial y otras restricciones siguen en vigor.

En la actualidad, se calcula que 20 millones de mujeres en Europa carecen de acceso a servicios de aborto adecuados, según el movimiento activista europeo My Voice, My Choice. Para evitar situaciones similares, esta organización insta ahora a la Comisión Europea a intervenir.

"La idea es que las ciudadanas de países donde no pueden abortar por diferentes motivos puedan viajar", declaró Nika Kovač, líder del movimiento, en declaraciones a la prensa el miércoles tras reunirse con la comisaria europea de Igualdad, Hadja Lahbib.

"Por ejemplo, las mujeres polacas tienen una buena red de ONG que les ayudan a viajar y a someterse a procedimientos médicos. Pero esos procedimientos médicos son costosos, así que lo que queremos es establecer una forma de que las ONG o las propias mujeres no tengan que pagarlos", añadió Kovač. La iniciativa ha reunido ya más de un millón de firmas, suficientes para obtener una respuesta oficial de Bruselas.

Bruselas responderá antes de marzo

En respuesta, la Comisión Europea está estudiando la posibilidad de establecer un nuevo fondo voluntario para cubrir los costes del aborto para las mujeres que no pueden acceder al procedimiento en su propio país y deben viajar al extranjero para ello.

Dado que la propuesta se encuentra aún en su fase inicial, todavía no se han determinado los detalles exactos del funcionamiento del fondo. No obstante, se propone que los Estados miembros puedan decidir si participan o no y que la UE aporte ayuda financiera.

Se espera que la Comisión dé a los defensores de la campaña una respuesta oficial antes de marzo de 2026, con las medidas que piensa adoptar, en su caso. Para que una iniciativa ciudadana europea como ésta sea válida, debe cumplir ciertas condiciones, entre ellas entrar dentro de los ámbitos en los que la Comisión tiene potestad para proponer legislación. Si la Comisión presenta una propuesta legislativa, necesitará la aprobación de los colegisladores de la UE: el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros.

Ambos pasos podrían resultar complicados, ya que algunos representantes de distintos Estados miembros sostienen que el aborto sigue siendo una cuestión moral y religiosa, alegando la necesidad de proteger la vida humana, que en su opinión se extiende a los niños no nacidos en cualquier fase del embarazo. La iniciativa no pretende conceder el derecho al aborto a nivel de la UE, según declararon portavoces de la Comisión a 'Euronews'.

En diciembre de 2024, el Comisario Lahbib señaló que las iniciativas para modificar las leyes sobre el aborto siguen siendo competencia de cada país. "Es competencia de los Estados miembros, así que necesitaremos el acuerdo de todos. Necesitaremos esa unanimidad, pero espero que seamos capaces de proteger la vida de las mujeres", dijo Lahbib durante su primera comparecencia en la comisión de Salud Pública del Parlamento.