La UE y China no logran avanzar en el conflicto de los coches eléctricos, pero las conversaciones se intensificarán

El intento de la Comisión Europea y el Gobierno chino de resolver la actual disputa en torno a los vehículos eléctricos con baterías (BEV) no ha dado resultado, ya que las diferencias siguen estando muy arraigadas.

Sin embargo, aún no se ha perdido la esperanza, ya que ambas partes han prometido intensificar las negociaciones. Bruselas ofrecerá a los fabricantes de automóviles chinos una nueva oportunidad de fijar precios mínimos para sus productos.

"Ambas partes acordaron intensificar los esfuerzos para encontrar una solución efectiva, aplicable y compatible con la OMC en el caso de las BEV (...) sin perjuicio de la investigación de la UE y sus plazos", dijo Valdis Dombrovskis, vicepresidente ejecutivo de la Comisión encargado de Comercio, tras una reunión "constructiva" con Wang Wentao, ministro chino de Comercio, el jueves.

Bruselas ha acusado a Pekín de conceder subvenciones a sus BEV para reducir artificialmente su precio de venta al público y expulsar a los competidores europeos del lucrativo mercado. Tras una investigación de meses, la Comisión descubrió que el dinero público se repartía por toda la cadena de suministro, lo que creaba un riesgo de pérdidas económicas insostenibles para la industria de la UE.

El Ejecutivo propuso entonces una serie de aranceles de importación adicionales que se aplicarán a los BEV fabricados en China, incluidos los ensamblados por empresas occidentales en el país. Los aranceles propuestos, que oscilan entre el 7,8% y el 35,3%, según la marca y su nivel de cooperación con la investigación, se sumarán al actual tipo del 10%.

Con ello se pretende garantizar una competencia más leal y reducir la diferencia de precios entre los fabricantes de la UE y los chinos. Los Estados miembros deben ratificar los aranceles en una votación que debería celebrarse antes de noviembre. Si lo hacen, los aranceles serán permanentes durante cinco años.

Desde el principio, Pekín ha adoptado una postura antagonista en público, calificando la investigación de la Comisión de "acto proteccionista vacío" que "construía y exageraba las llamadas subvenciones". Como respuesta, ha iniciado varias investigaciones contra exportaciones europeas sensibles, como la carne de cerdo, el brandy y los productos lácteos.

Sin embargo, entre bastidores, las autoridades chinas han intentado alcanzar una solución negociada al conflicto y proteger a las empresas nacionales de los elevados aranceles.

Este esfuerzo alcanzó su punto álgido el jueves, cuando el Ministro Wang se reunió con el vicepresidente Dombrovkis en Bruselas. Durante el encuentro, Dombrovkis defendió que la propuesta de la Comisión "se basa estrictamente en hechos y pruebas" y sólo pretende "compensar" las subvenciones estatales, según un portavoz.

Dombrovkis censuró las represalias de Pekín sobre la carne de cerdo, el brandy y los productos lácteos por considerarlas "injustificadas" y pidió que "terminen".

En una lectura, el Ministerio de Comercio chino reafirmó su voluntad de alcanzar una solución mediante "diálogo y consultas amistosas", pero advirtió de represalias para proteger a las empresas nacionales "si la UE insiste en aplicar medidas fiscales irrazonables".

El día anterior, Wang intervino en una mesa redonda de productores de BEV en Bruselas y dijo que las negociaciones deben continuar "hasta el momento final", es decir, la votación de los Estados miembros. "Si las consultas fracasan, la responsabilidad no es de la parte china", dijo.

La novedad más destacada de la reunión del jueves es el compromiso mutuo de reevaluar la opción de los compromisos de precios, una herramienta comercial que las empresas pueden utilizar para aumentar el precio y controlar los volúmenes de sus exportaciones para evitar los aranceles antisubvención. La semana pasada, Bruselas rechazó el compromiso de precios ofrecido por las empresas chinas sujetas a la subida de aranceles, como BYD, Geely y SAIC.

Un intenso lobby

Paralelamente a las negociaciones, Pekín está intensificando sus actividades de presión para convencer a algunos Estados miembros de que voten en contra de los aranceles y desbaraten el plan de la Comisión.

Una mayoría cualificada de 15 países que representen al menos el 65% de la población del bloque necesita oponerse a los aranceles para impedir que entren en vigor. La Comisión nunca ha sido derrotada en materia de aranceles.

Hungría, que planea atraer inversiones chinas, se opone firmemente a las medidas. Alemania, presionada por su importante industria automovilística, se inclina por rechazarlas y, al parecer, está trabajando por teléfono para conseguirlo.

Los grupos de presión chinos se anotaron una gran victoria la semana pasada, cuando el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, pidió públicamente a la Comisión que "reconsiderara" la propuesta.

"Tenemos que reconsiderar todos, no sólo los Estados miembros, sino también la Comisión, nuestra posición ante este movimiento", dijo el presidente del Gobierno español en Shanghái, última parada de su visita oficial de cuatro días a China. "Como he dicho antes, no necesitamos otra guerra, en este caso, una guerra comercial. Necesitamos tender puentes entre la Unión Europea y China".

Las declaraciones cogieron a Bruselas por sorpresa: hasta entonces, se consideraba que España apoyaba los aranceles adicionales, ya que había votado a favor durante una consulta no vinculante en julio.

El aparente giro de 180 grados se consideró una consecuencia directa de lo que Ursula von der Leyen describió en su día como "tácticas de divide y vencerás" de China, dado que Sánchez acababa de cerrar un acuerdo de 1.000 millones de euros con una empresa china para construir una planta de electrolizadores en España. Un portavoz del Gobierno alemán celebró la postura de Sánchez, afirmando que "la dirección en la que nos movemos es la que compartimos".