¿Podrá Italia construir el puente colgante más largo del mundo pese al conflicto con su Tribunal de Cuentas?

El Tribunal de Cuentas italiano ha rechazado recientemente el proyecto del Gobierno de Giorgia Meloni para construir el puente colgante más largo del mundo, que uniría la isla de Sicilia con la región de Calabria a través del estrecho de Mesina.

Este organismo supervisor del gasto público del país mediterráneo dará a conocer los motivos de su rechazo en un plazo de 30 días. En una vista celebrada el 29 de octubre, los jueces cuestionaron la validez de la licitación de 2005, alegando un desajuste en los costes previstos y el incumplimiento de las normas de competencia de la UE.

El proyecto también ha sido criticado por ser demasiado costoso, por su posible impacto ambiental y por los riesgos relacionados con la actividad sísmica de la región. El viceprimer ministro y encargado de la cartera de Transportes del país, Matteo Salvini, ha calificado este proyecto de 13.500 millones de euros como "la obra pública más importante del mundo", prometiendo seguir adelante con el plan.

Si se construye, el puente de 3,7 kilómetros transformará las conexiones de transporte para los aproximadamente 4,7 millones de habitantes de Sicilia, conectándolos por primera vez con el continente. Salvini, que en su día hizo campaña para que el norte de Italia se separara del resto del país, ha presentado el proyecto como una forma de dar un impulso económico a las regiones del sur de Italia.

Pero muchos sicilianos y calabreses están en contra de la medida, alegando que el enorme coste que supone contrasta con las necesidades de sus regiones, una de las más pobres de Italia y con numerosas lacras tanto en sus servicios públicos como en infraestructuras más urgentes para su día a día.

Después de que el tribunal emitiera sus conclusiones, Salvini tachó la decisión de "opinión política más que de serena sentencia técnica". Así mismo, la primera ministra italiana ha expresado que el veredicto del tribunal supone "una invasión más de la jurisdicción sobre las decisiones del Gobierno y el Parlamento".

Sus declaraciones aumentan las tensiones entre el Gobierno italiano y el Poder Judicial, que se ha resistido ferozmente a las amplias propuestas de reforma judicial de Meloni y ha cuestionado su iniciativa estrella de procesar en Albania a los inmigrantes que llegan a Italia.

Salvini ha declarado ante los medios que el Gobierno "espera las observaciones del tribunal con toda tranquilidad y confía en poder responderlas punto por punto, porque hemos respetado todas las normas". La construcción del proyecto, afirma, comenzaría en febrero y no en noviembre, y que el Gobierno "facilitará toda la información solicitada". Pero, ¿pueden Salvini y Meloni eludir al Tribunal de Cuentas?

¿Qué es el Tribunal de Cuentas italiano?

El Tribunal de Cuentas de Italia, operativo desde 1862, es un órgano constitucional encargado de supervisar las funciones públicas. Su principal cometido es fiscalizar el gasto público, revisar el impacto financiero de las leyes y garantizar que el gasto público se ajusta a las normas presupuestarias nacionales y de la UE.

Este tribunal puede realizar controles preventivos, como en el caso del puente propuesto, así como una supervisión judicial. Esto último significa que puede dictar sentencias sobre irregularidades contables y el posible uso indebido de dinero público en proyectos ya terminados.

¿Puede el Gobierno italiano hacer caso omiso de su decisión?

En resumen, sí, pero no sin cierto riesgo. Según Nicola Lupo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad LUISS Guido Carli de Roma, si el Gobierno sigue adelante con el plan sin satisfacer las reticencias del Tribunal, este puede hacer constar sus reservas.

"En este caso, el Tribunal de Cuentas tiene que comunicar sus reservas al Parlamento", explica Lupo a 'The Cube', el equipo de verificación de datos de 'Euronews'. "En teoría, esto eleva la presión política hacia el Gobierno para actuar". La advertencia del Tribunal de Cuentas sobre su viabilidad podría servir de premisa para futuras demandas en otras instancias judiciales.

Tanto Meloni como Salvini han dicho que responderán a las reservas judiciales sobre el puente. "El Tribunal de Cuentas actúa como órgano auxiliar, como órgano de control del Gobierno", explica Lupo. "No tiene la última palabra, digamos". Leila Simona Talani, profesora de economía política internacional en el King's College de Londres, cree que lo más probable es que el Gobierno se mantenga en sus trece justificándose en el interés nacional.

"Hay una cláusula según la cual si no terminan la obra, si no tienen el dinero o hay algún obstáculo, hay un sistema de compensación ya incorporado al proyecto en caso de que fracase", advierte Talani. "Así que todo el proyecto está atado de tal manera que, aunque fracase, en la práctica no pasará nada, a menos que haya un grado de corrupción importante". El principal impacto de la vacilación del tribunal es que el Gobierno italiano "tendrá que reunirse de nuevo y establecer que esto es del máximo interés público".

A menos que Meloni esté 20 años en el Gobierno, no es probable que vea el final de este proyecto como primera ministra, añade Talani, señalando otros proyectos de infraestructuras públicas en Italia como la construcción de la autopista Salerno-Reggio Calabria, que tardó 55 años en completarse.