Esa intrascendente orden ministerial sobre la clausura de Almaraz

Si hay una orden jurídicamente intrascendente esa es la que ha estado en cantares esta semana: la aprobada el 23 de julio de 2020 por el Gobierno que determinaba (y determina) que la prórroga que solicitaron las propietarias de la central nuclear de Almaraz (Iberdrola, Endesa y Naturgy) para la planta extremeña sería “la última y definitiva”. En realidad, la orden ministerial, que el Partido Popular ha querido derogar a cañonazos a través de una enmienda al proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, fue redactada por las propias eléctricas. Más exactamente, la orden se dictó en los términos solicitados por las empresas tras el calendario de cierre del parque atómico español (entre 2027 y 2035) que ellas mismas firmaron con la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) a través del memorándum no vinculante el 26 de marzo de 2019.