Polonia y Hungría, dispuestos a desafiar a la UE por sus "inaceptables" normas migratorias
Un grupo de países partidarios de una política migratoria estricta, liderado por Polonia y Hungría, ha anunciado que está dispuesto a desafiar a la Unión Europea por el nuevo plan de redistribución de solicitantes de asilo basado en cuotas.
El martes, la Comisión Europea presentó una propuesta para aliviar la presión que soportan los países situados en primera línea migratoria, como Italia, España y Grecia. El mecanismo plantea que los Estados de Europa Central y Oriental contribuyan ofreciendo apoyo financiero o acogiendo a parte de los solicitantes de asilo.
Sin embargo, Polonia, Hungría, Eslovaquia y la República Checa ya han advertido de que no participarán en el sistema de cuotas y que están dispuestos a impugnar la decisión de la Comisión.
Según el Pacto sobre Migración y Asilo, todos los Estados miembros deben contribuir en proporción a su población y su PIB para aliviar la carga de los países considerados "bajo presión migratoria". Esa solidaridad puede materializarse mediante la reubicación de solicitantes, el pago de 20.000 euros por cada persona no aceptada o el financiamiento de ayuda operativa en los Estados más afectados.
Antes de fin de año, los Estados miembros deberán definir el número total de reubicaciones y la cuantía de las aportaciones al fondo común. Los Veintisiete tendrán que constituir un "fondo de solidaridad", basado en una propuesta confidencial de la Comisión Europea. El texto legal fija un mínimo de 30.000 reubicaciones y 600 millones de euros en contribuciones financieras.
La iniciativa ha provocado una ola de rechazo entre varios Gobiernos del Este. "Polonia no aceptará inmigrantes en virtud del Pacto de Migración. Ni pagaremos por ello", escribió en X el primer ministro polaco, Donald Tusk, poco después de la presentación del informe de la Comisión. Tusk enfrenta una fuerte presión interna para mantener una línea dura en materia migratoria, ante la reticencia de la oposición conservadora.
El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, también fue tajante: "No aplicaremos el Pacto de Migración. (...) No acogeremos a inmigrantes y no pagaremos ni un solo florín por ellos". Hungría celebrará elecciones en abril y Orbán busca hacer de la inmigración uno de los ejes de su campaña, reafirmando su política de "cero inmigrantes".
Obligados a participar
En Eslovaquia, el primer ministro Robert Fico envió una advertencia similar a Bruselas, asegurando que su país no participará en el plan ni contribuirá al fondo de solidaridad. Fico ha adoptado una posición alineada con la de Orbán y defiende la misma consigna de "cero inmigrantes".
En la República Checa, el primer ministro entrante, Andrej Babiš aún no ha formado Gobierno, pero ya expresó su rechazo al sistema, alegando "razones de seguridad nacional". "Nuestro partido no está de acuerdo con el pacto migratorio, que supone una amenaza directa para nuestra seguridad. Lo rechazamos", declaró a 'Euronews' el eurodiputado de ANO, Jaroslav Bžoch.
En teoría, todos los Estados miembros de la UE están obligados a participar en el programa y ofrecer solidaridad financiera u operativa a los países más afectados. Sin embargo, el reglamento permite solicitar exenciones.
Según la evaluación de la Comisión, Polonia y la República Checa figuran entre los seis países que podrían pedir quedar exentos del fondo de solidaridad, ya que también enfrentan una presión migratoria significativa. Fuentes europeas citadas por 'Euronews' aseguran que ambos Gobiernos planean presentar la solicitud en los próximos días.
Cualquier exención deberá ser aprobada por mayoría cualificada en el Consejo de la UE, lo que exige el respaldo de al menos 15 de los 27 países, que representen el 65% de la población del bloque. Si se concede, la cuota de reubicación y la contribución económica del país exento no se redistribuirán entre los demás Estados, lo que reducirá la ayuda disponible para los países del sur.
Esta situación amenaza con profundizar las divisiones internas en el bloque comunitario. La definición del fondo de solidaridad y los criterios para otorgar exenciones son considerados asuntos altamente sensibles. "La aplicación del pacto migratorio será muy difícil. La mayoría de los Estados miembros preferiría evitar las reubicaciones por la reacción que podrían sufrir en casa", reconoció un diplomático europeo a 'Euronews'.
Otros países, como Hungría y Eslovaquia, que no cumplen los requisitos para solicitar la exención, podrían aun así impugnar la legislación o ignorar sus compromisos. "Está claro que, si la mayoría de los Estados miembros rechaza su parte de las reubicaciones, la Comisión no los multará a todos. Esto será muy difícil de aplicar sobre el terreno", añadió la misma fuente diplomática.
La Comisión Europea, que no cumplió el plazo del 15 de octubre para presentar la propuesta final, enfrenta ahora crecientes tensiones entre los Gobiernos europeos. Con el cierre del año a la vista, se espera que el tema se aborde en el Consejo Europeo del 18 y 19 de diciembre, donde los líderes de los Veintisiete intentarán alcanzar un acuerdo sobre la aplicación del pacto migratorio.