¿Está obligando el Parlamento Europeo a los Estados miembros a aceptar la inmigración irregular?

Un post que está cobrando fuerza en X afirma que el Parlamento Europeo ha aprobado un nuevo 'Pacto de Migración y Asilo', que supuestamente obliga a todos los Estados miembros de la UE a aceptar inmigrantes irregulares o enfrentarse a cuantiosas multas. Sin embargo, esto es inexacto. El Parlamento Europeo no ha aprobado tal legislación; el vídeo es antiguo, y el paquete aprobado el 8 de diciembre en realidad acelera la deportación de inmigrantes irregulares. La afirmación de que los Estados miembros se enfrentan a multas también está malinterpretada.

Lo que realmente ocurrió

El 8 de diciembre, los ministros de Interior de la UE se reunieron en Bruselas y aprobaron una serie de medidas migratorias más estrictas. La medida se produce en medio de la presión de los partidos de derecha y extrema derecha para acelerar el retorno de los inmigrantes irregulares, es decir, las personas a las que no se ha concedido permiso de residencia.

Las medidas aún deben ser aprobadas por el Parlamento Europeo, un paso que podría permitir su entrada en vigor en 2026. El vídeo incluido en el post, sin embargo, data del 10 de abril de 2024, cuando unos activistas interrumpieron una sesión de votación del Parlamento Europeo. En ese momento, los eurodiputados estaban votando otro pacto migratorio, y se podía oír a los manifestantes corear: "¡Este plan mata, vota no!"

¿Un "nuevo pacto migratorio"?

El 'Reglamento de retorno' introduce medidas destinadas a aumentar las tasas de retorno en toda la UE de las personas sin permiso de residencia. La directiva actualiza tres propuestas anteriores de la Comisión Europea para endurecer los controles de llegada y expulsión de inmigrantes. También impondría sanciones más duras a quienes se nieguen a abandonar el territorio de la UE, incluidos periodos de detención más largos.

Las medidas permitirán enviar a los solicitantes de asilo a países distintos del suyo si la UE los considera "seguros", y allanarán el camino a los "centros de retorno", centros situados fuera de la UE para los inmigrantes cuyas solicitudes de asilo hayan sido rechazadas. Los países de la UE tendrán una lista común de países de origen seguros, entre ellos Bangladesh, Colombia, Egipto, India, Kosovo, Marruecos y Túnez. Además de estos siete, la Comisión Europea también considera seguros países candidatos a la adhesión a la UE, como Turquía y Georgia. "El acuerdo hará posible que tanto la UE como uno o varios Estados miembros lleguen a un arreglo o acuerdo con un tercer país sobre centros de retorno", dijo el ministro danés de Inmigración, Rasmus Stoklund.

¿Fondo de solidaridad o multa?

Entre las medidas, el plan incluye un "fondo de solidaridad" que permite a los Estados miembros apoyar a los países que sufren la mayor presión migratoria, ya sea mediante la reubicación de 21.000 solicitantes de asilo o con ayuda financiera. La Comisión Europea ha identificado a "Chipre, Grecia, Italia y España como países especialmente presionados". Cada Estado miembro podrá elegir entre tres tipos de contribuciones: reubicación, ayuda financiera o medidas de solidaridad alternativas. Por ejemplo, Bélgica, que se espera que acoja a más solicitantes de asilo, ha optado por aportar 13 millones de euros a los Estados miembros que sufren una gran presión migratoria.

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha criticado duramente el fondo de solidaridad propuesto en X, acusando a Bruselas de "obligar a Hungría a pagar aún más o a acoger inmigrantes". Calificó los planes de "inaceptables" y dijo que Hungría "no acogerá a un solo migrante y no pagará por otros migrantes".

No es la primera vez que Hungría se niega a cumplir la normativa migratoria de la UE. En junio de 2024, el Tribunal de Justicia Europeo condenó a Budapest a pagar un millón de euros al día, además de 200 millones de una sola vez, hasta que cumpliera la legislación de la UE que garantiza a los refugiados el derecho a solicitar asilo dentro de sus fronteras. Balázs Orbán, director político de Orbán, criticó el día X a la Comisión Europea, acusándola de subestimar la presión migratoria a la que se enfrenta Hungría. Describió la medida no como "una evaluación objetiva, sino como un mensaje político: sólo aquellos que cumplen con la agenda de Bruselas reciben apoyo".

Una de las razones que pueden explicar por qué Hungría no está considerada en la lista para recibir fondos de solidaridad es que el país no está registrado como el más impactado por las primeras llegadas. Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) sobre los flujos migratorios a Europa por mar y tierra, los países más afectados por las primeras llegadas de inmigrantes a Europa en 2025 son Italia, seguida de Grecia, España, Chipre, Bulgaria y Malta. Solo en 2025, estos países acogerán a 145.592 migrantes.

En respuesta a la postura de Hungría, Magnus Brunner, comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, dijo que le "entristecía que Hungría no apoyara el pacto, ya que mejoraría la situación de todos los Estados miembros de la UE". Añadió que "la solidaridad es flexible por un lado, pero obligatoria por otro", y subrayó que "las decisiones adoptadas no pueden evaluarse ni juzgarse de forma aislada, sino que deben considerarse colectivamente".