Mejorar la práctica legislativa para reducir riesgos fiscales

El Tribunal Constitucional anuló el año pasado la reforma tributaria del ministro de Hacienda del PP, Cristóbal Montoro, de 2016, que endurecía los pagos a cuenta del impuesto de sociedades. Los magistrados consideraron que la figura del real decreto-ley con la que fue aprobada no era la adecuada para retocar un impuesto. Esta corrección judicial ha costado algo más de 1.200 millones a las administraciones públicas que han tenido que restituir parte del dinero a algunas empresas. No ha sido la única sentencia que supone un revés para los caudales públicos. En los últimos años la justicia española se ha pronunciado en numerosas ocasiones sobre varias medidas económicas aprobadas por los últimos Gobiernos.
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