La oposición y asociaciones de inmigrantes critican la nueva Ley de Extranjería portuguesa

El Gobierno portugués del conservador Luís Montenegro consiguió sacar adelante este martes la nueva Ley de Extranjería con el apoyo de la extrema derecha de Chega y CDS-PP, los neoliberales de Iniciativa Liberal (IL) y el regionalista JPP de la isla de Madeira. En contra votaron los diputados socialistas, los ecologistas de Livre y el PAN, la izquierda del Bloco y los comunistas del PCP.

El Ejecutivo de Montenegro había estado negociando con los socialistas "hasta el último momento", según aseguraron sus portavoces, pero finalmente el acuerdo acabó pactándose con Chega y el resto de formaciones de derecha en el Parlamento lisboeta.

Las reacciones no se han hecho esperar. El presidente de Solidariedade Imigrante, la mayor asociación de inmigrantes del país, argumenta que la nueva ley atenta contra los derechos de los más pobres. "Esta ley no sirve al país, no sirve al desarrollo económico, ni sirve para que se respeten los derechos humanos de los migrantes", ha afirmado Timóteo Macedo en declaraciones a 'Lusa'.

Según el dirigente, la ley es inconstitucional, sobre todo en lo que se refiere a los cambios en el derecho a la reagrupación, que en su opinión "debería consagrar el derecho a todos los familiares cercanos y no sólo a los descendientes o cónyuges". El periodo mínimo de residencia de dos años, con la posibilidad de reducirlo en el caso de parentesco, no son más que "términos de castigo, tortura y políticas fuertemente influenciadas por políticas dictatoriales que no respetan la dignidad del ser humano", ha añadido Macedo.

Por otro lado, el portavoz critica que la ley mantenga excepciones para quienes inviertan grandes cantidades de dinero -las conocidas como 'golden visa' o visados dorados-, creando "varios escalones" entre los inmigrantes. "El Gobierno portugués está aumentando las divisiones entre migrantes de primera, segunda y tercera clase", acusa el activista. "Esta ley", ha añadido, "crea divisiones de clase, es decir, los migrantes ricos se llevan todos los beneficios y los que trabajan y producen riqueza para el bienestar de la sociedad, los pobres, se ven desfavorecidos".

El PS acusa al Gobierno de desviar la atención de "las prioridades correctas"

José Luís Carneiro, secretario general de los socialistas lusos, garantizó que el PS no cuestionará la constitucionalidad de la ley y dejará el asunto en manos del presidente de la República, el jefe del Estado. Sin embargo, acusó al Gobierno de "oportunismo político" al programar la votación de la nueva Ley de Extranjería cerca de las elecciones municipales.

"Desde mi punto de vista, hubo oportunismo político en la forma en que el Gobierno programó este asunto para el momento de las elecciones locales", ha declarado ante los periodistas. "Muchas veces se crean estratagemas para instrumentalizar a la gente", ha criticado. El dirigente socialista recordó que "todos los sondeos de opinión" indican que las principales preocupaciones de la gente son la vivienda, la salud, el salario, el transporte y la movilidad, así como la calidad del medio ambiente y la sensación de seguridad.

Livre pide a Marcelo que envíe una nueva versión al TC

Uno de los dos partidos verdes del Parlamento luso, el casi testimonial Livre, ha pedido a Marcelo Rebelo de Sousa, el presidente, que envíe la nueva versión de la Ley de Extranjería al Tribunal Constitucional, para que haya seguridad jurídica en este asunto.

El portavoz del partido, Rui Tavares, ha acusado al Gobierno de perjudicar a los migrantes que trabajan y cotizan a la Seguridad Social y contribuyen al superávit presupuestario que el Ejecutivo presenta al país. "En este momento solo se pueden presentar unas cuentas bonitas en Bruselas por el superávit de la Seguridad Social. De ese superávit, más de la mitad procede de las cotizaciones de los inmigrantes", ha subrayado ante los periodistas.

Para Tavares, la nueva versión "es un tiro en el pie para la economía y la cohesión social" y fomentará más trabajo ilegal en el país, argumentando que los migrantes no tendrán incentivos para cotizar a la Seguridad Social.

El PCP dice que la ley mantiene la "sinvergonzonería" para los que tienen "mucho dinero" y Chega se felicita por la ley

El secretario general del Partido Comunista luso también ha criticado duramente la ley, al considerar que, aunque el texto de la ley haya cambiado, beneficia extraordinariamente a los migrantes de clase media y alta. "Yo diría que, incluso utilizando las palabras de otro protagonista [André Ventura, líder de Chega], la sinvergonzonería permanece porque, para aquellos que tienen mucho dinero, la puerta permanece abierta para ellos", ha declarado Paulo Raimundo.

Desde el punto de vista del dirigente comunista, la ley no plantea ningún problema para "aquellos que tienen dinero y que pueden venir y comprar todas las casas, todos los edificios, pueden venir y especular todo lo que quieran". Preguntado sobre si pedirá a Rebelo de Sousa que envíe la ley aprobada en el Parlamento al Constitucional, como hizo con la versión anterior de la ley, Paulo Raimundo ha dejado la decisión en manos del presidente.

La derecha consigue aprobar la ley a la segunda, a la espera de Rebelo de Sousa y el alto tribunal luso

Los ultraderechistas de Chega consideran "suficiente" la nueva versión del documento. "Saludamos al Gobierno por haber conseguido endurecer algunas de las normas inicialmente previstas y por reconocer que hay abusos en la concesión de ayudas sociales que deben ser combatidos", declaró la portavoz Cristina Rodrigues durante la sesión parlamentaria.

La aprobación se produce después de que el Tribunal Constitucional rechazara en agosto una primera versión de la iniciativa legislativa. En aquel momento, cinco de las normas previstas en la ley fueron declaradas inconstitucionales, confirmando así las dudas del presidente de la República, quien solicitó una revisión del documento.

La decisión no se adoptó por unanimidad, pero la mayoría de los jueces declararon inconstitucionales las normas relativas a la limitación de la reagrupación familiar y las restricciones al recurso judicial. En cuanto a esta nueva versión de la Ley de Extranjería, el jefe del Estado ya ha indicado en las últimas semanas que probablemente la promulgará, con la expectativa de que respete las disposiciones de la Constitución.