El delicado equilibrio para la UE entre golpear a los fertilizantes rusos y no perjudicar a la UE

Golpear a los fertilizantes rusos sin perjudicar a la agricultura europea. Este es el difícil equilibrio que busca la UE. A finales de la semana pasada, los Estados miembros aprobaron una propuesta de la Comisión Europea para imponer derechos de aduana adicionales a las importaciones de productos agrícolas procedentes de Rusia y Bielorrusia con el fin de reducir la dependencia de la Unión.

La Comisión argumenta que los Estados miembros se encontrarían en una posición vulnerable si Moscú decidiera introducir medidas coercitivas contra los Veintisiete. En otras palabras, está en juego la seguridad alimentaria de los europeos.

Alarma de los agricultores

Pero la medida preocupa a la comunidad agrícola. El Copa-Cogeca, que representa los intereses del sector en Bruselas, recuerda que la industria depende en gran medida de los fertilizantes rusos. "Ya hoy importamos de otros terceros países, pero el aumento de la demanda generará más presión en términos de logística y, por tanto, mayores costes. Estos aumentos de costes generarán inflación agrícola, lo que repercutirá en menores ingresos para los productores agrícolas y en una menor competitividad", insiste Dominique Dejonckheere, asesor de política energética del Copa-Cogeca.

Los fertilizantes rusos representan alrededor del 25% de las importaciones de la UE. Según la Comisión, los derechos de aduana adicionales por tonelada de abono podrían aumentar gradualmente de 40 o 45 euros a 315 o 430 euros en tres años.

El Copa-Cogeca recuerda que las compras de abonos "representan por término medio el 10% de los costes variables de una explotación. Pero para algunos sectores, en particular los cultivos herbáceos, los cereales y las oleaginosas, los gastos en fertilizantes representan alrededor del 30% de los costes variables", señala Dominique Dejonckheere. El Copa-Cogeca recuerda los esfuerzos realizados por los agricultores. En 2015, las importaciones procedentes de Rusia y Bielorrusia representaron el 40% del volumen total.

Lograr un equilibrio

En el Parlamento Europeo, la ponente del texto, la eurodiputada Inese Vaidere (PPE), reconoce que todas las partes tendrán que dar un paso adelante. "Yo diría que se trata de una propuesta equilibrada. Siempre hay muchos intereses en juego. Y si haces una propuesta legislativa o incluso un acto legislativo, no puedes decir que todos los implicados estarán satisfechos al 100%. No es el caso", explica la eurodiputada letona.

Pero cree que hay que actuar y pensar estratégicamente. "Rusia ha conseguido producir fertilizantes a partir de gas ruso barato y venderlos en el mercado europeo a precios muy bajos. Esto significa que si compramos estos fertilizantes rusos, seguimos alimentando la maquinaria bélica rusa. ¿Es eso aceptable? No, no es aceptable. Así que mi opinión personal es que esta propuesta podría o debería haberse presentado hace tres años", añade.

Fortalecimiento de la industria europea y diversificación

La Comisión cree que su propuesta aumentará la producción nacional de fertilizantes y reforzará la industria gracias a estos impuestos adicionales. El sector ha sufrido la crisis energética y las sanciones contra Rusia. La fabricación de abonos nitrogenados requiere gas natural para producir el amoniaco que se utiliza en los fertilizantes.

"Sí, todavía hay suficiente capacidad de producción en Europa. Pero para nosotros la cuestión no es tanto la disponibilidad como el precio. Necesitamos fertilizantes a precios asequibles, y en este tema no tenemos garantías por parte de la industria. El problema de la industria es que los costes energéticos son demasiado altos", afirma Dominique Dejonckheere.

Para dar mayor visibilidad y garantizar un precio asequible, la Comisión propone diversificar los suministros procedentes de varios terceros países. "En caso de escasez, tenemos socios en todo el mundo y esto también es un medio de abastecimiento. Y no creo que esto deba afectar gravemente a nuestra producción de productos agrícolas", afirma Inese Vaidere.

Los Estados miembros han aceptado el principio, con la excepción de Hungría, y están dispuestos a seguir adelante. Sin embargo, lamentan la ausencia de un estudio de impacto y desean un seguimiento periódico.

El Parlamento Europeo abordará formalmente la cuestión a principios del próximo mes. Una vez adoptada su posición, los eurodiputados deberán llegar a un acuerdo con los Estados miembros sobre un texto conjunto.