¿Y si me toca un abogado ‘kamikaze’? Tranquilo, este resquicio legal puede salvarle
Imaginemos que una persona es acusada de un delito grave (con cárcel) y el abogado que le es asignado, en vez de defenderlo, toma decisiones que le perjudican —o directamente ignora el caso—. Lejos de ser un escenario imposible, en España han trascendido varios casos de abogados que perjudicaron a sus clientes, ya sea por actuar de forma arbitraria, por no prepararse el caso, trabajar sin habilitación o rechazar testigos vitales, y fueron condenados por ello. Sin ir más lejos, hace unas semanas una magistrada de Lugo procesó a tres personas de un bufete low cost por gestionar litigios sobre cláusulas suelo sin ser abogados, según la información del medio local El Progreso.
Los casos más conocidos
Georgia. Asignar un letrado de pega es una de las indefensiones más comunes y de las que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) más fallos ha emitido. En 2023, por ejemplo, la Corte de Estrasburgo condenó al Estado de Georgia por asignar un letrado que no ayudó a una ciudadana acusada de un crimen menor de agresión. La oficina judicial aceptó la declaración de varios testigos clave sin la presencia de la acusada y con un letrado de oficio que ella no había aceptado. Se le concedió una indemnización de 1.200 euros.
Polonia. En 2010, un matrimonio que pleiteaba contra la Administración por la expropiación de un terreno consiguió doblar la rodilla del estado polaco. Les fue asignado un abogado de oficio que, tras perder el primer juicio, estuvo siete meses sin contestar correos ni llamadas. Cuando consiguieron dar con él (había cambiado de dirección y teléfono), el letrado se negó a interponer un recurso de casación que el matrimonio veía vital. Finalmente el recurso caducó. El TEDH les reconoció una indemnización de 4.000 euros por los gastos del proceso, porque se había vulnerado su derecho a acceder a la justicia y a tener una asistencia letrada efectiva.
España. Para alegar indefensión esta debe ser total, es decir, un error menor no es óbice para anular todo un juicio. Por ejemplo, en 2017, el Supremo sentó que un fallo en el peritaje de unas joyas robadas no es suficiente para anular una condena.
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