El TS envía a juicio al fiscal general del Estado, García Ortiz, y le impone una fianza de 150.000

El Tribunal Supremo ha decidido abrir juicio al fiscal general de Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos en relación con la investigación que pesa sobre la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Según reporta 'RTVE', el juez de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Ángel Luis Hurtado, ha dictado auto de apertura de juicio contra García Ortiz. El fiscal ha sido acusado de haber facilitado a un medio de comunicación el contenido de un correo de Alberto González Amador, quien se encuentra bajo investigación por los presuntos delitos de fraude fiscal, corrupción en los negocios y administración desleal.

A pesar de la apertura del juicio oral, el magistrado Hurtado ha descartado suspender a García Ortiz de manera cautelar, si bien sí que le ha impuesto una fianza de 150.000 euros para hacer frente a posibles responsabilidades pecuniarias. De mantenerse en el cargo, sería la primera vez que en España un fiscal general del Estado se sienta en el banquillo, salvo que presente su dimisión antes.

El procedimiento contra la pareja de Ayuso comenzó tras una inspección de Hacienda llevada a cabo en 2022 y que culminó con un informe -en 2023- que alertaba de irregularidades relacionadas con su tributación del Impuesto Sobre Sociedades correspondiente a los ejercicios de 2020 y 2021.

La investigación reveló que González Amador habría utilizado facturas falsas y empresas pantalla para no declarar todos sus beneficios conseguidos durante 2020 y 2021 y evitar así el pago de impuestos. Según las autoridades, la documentación y facturas falsas que remitió a la Agencia Tributaria acreditaban sus delitos.

Importantes ramificaciones políticas

Cabe destacar que ya en 2023, la Fiscalía y González Amador habían alcanzado un acuerdo por el que la pareja de Ayuso reconocía su culpabilidad y aceptaba una pena de ocho meses de prisión, lo que podría haber evitado su ingreso en la cárcel, al no tener antecedentes penales. Sin embargo, este acuerdo, finalmente, no prosperó.

El caso ha tenido importantes ramificaciones políticas. González Amador ha iniciado una batalla legal contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y parte de su equipo por acusarle de "delincuente".

El pasado mes de julio, tras conocerse la posible apertura de la causa contra García Ortiz, el propio Sánchez compareció ante los medios desde el Palacio de Marivent, y aseguró que seguía "avalando y apoyando" a García Ortiz porque, según dijo, "cree en su inocencia".

Más recientemente, en su primera entrevista en más de un año, Sánchez lamentó la presión judicial a la que se ha visto sometido en los últimos tiempos y aseguró: "Hay jueces con ganas de hacer política y políticos con ganas de impartir justicia".

El Gobierno continúa respaldando a García Ortiz

La noticia sobre la apertura del juicio oral del fiscal general se ha solapado, prácticamente, con la rueda de prensa semanal que el Ejecutivo celebra todos los martes tras la reunión del Consejo de Ministros.

Ante las preguntas de los periodistas al respecto, la portavoz del Gobierno ha asegurado que mantienen su confianza en García Ortiz: "Máximo respeto a esta resolución", ha dicho Pilar Alegría, "y con las mismas les diré que este Gobierno mantiene la confianza en el fiscal y en su inocencia".

La también ministra de Educación y secretaria general del PSOE en Aragón ha optado así por no ahondar en la polémica sobre la parcialidad de parte de la cúpula judicial en España, tras declarar durante la apertura del año judicial lo siguiente: "Hay una pequeña minoría de jueces que toman decisiones difíciles de comprender (...) Esas decisiones", añadió, "están siendo revocadas y algún juez tiene abierto un procedimiento en el CGPJ por mala praxis".

Alegría hacía así referencia al juez Peinado, quien investiga a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por presunta malversación respecto a la contratación de una asesora. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) abrió diligencias contra Peinado ante la "absoluta ausencia de cualquier indicio mínimamente fundado o dotados de mínima verosimilitud de la participación" de Félix Bolaños, ministro de Justicia, tras su requerimiento como testigo en este caso.