La Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de prisión para Ábalos por la trama de las mascarillas
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al Tribunal Supremo de España la imposición de 24 años de prisión y una multa de más de 3,7 millones de euros para el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, como presunto responsable de la trama de adjudicación irregular de contratos de suministro de mascarillas y otros materiales sanitarios durante la pandemia de COVID-19, adquiridos por organismos públicos españoles en plena emergencia sanitaria.
La petición también abarca al que fuera su asesor, Koldo García, para quien se reclaman 19,5 años de cárcel, y al empresario y presunto comisionista Víctor de Aldama, al que se le solicitan siete años de prisión, al beneficiarse del atenuante de confesión.
En el escrito de acusación se atribuyen a Ábalos y García los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho continuado, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y uso de información privilegiada. En el caso de Aldama, la Fiscalía señala organización criminal, cohecho y aprovechamiento de información privilegiada.
La Fiscalía dice que la empresa beneficiaria, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L., adjudicó contratos aducidos de al menos 50 millones de euros procedentes de entidades públicas bajo la gestión del Ministerio de Transportes, y que esos fondos habrían dado lugar a comisiones ilegales entregadas al exministro y a su entorno.
Según la Fiscalía, Aldama actuó como intermediario ante entidades como Puertos del Estado y Adif, que adjudicaron contratos millonarios bajo el procedimiento de emergencia habilitado durante la pandemia, lo que permitió cerrarlos sin los controles ordinarios.
El Ministerio Público también sitúa el origen de la trama entre 2019 y 2022 y recoge pagos en efectivo de hasta 10.000 euros mensuales dirigidos al círculo del exministro. Además, la adquisición de un piso en el Paseo de la Castellana aparece mencionada en la causa como un elemento a "valorar", aunque no figura como prueba directa de cohecho.
José Luis Ábalos ha presentado ante el Tribunal Supremo un recurso mediante el cual solicita que se anule su procesamiento, alegando que la instrucción ha vulnerado sus derechos de defensa, que no se le ha permitido el acceso completo a las pruebas incautadas y que la acusación se basa "fundamentalmente" en la declaración de Víctor de Aldama sin otros elementos probatorios destacados.
Anticorrupción solicita también penas económicas para los tres acusados, así como el decomiso de las presuntas ganancias obtenidas mediante la red de intermediación. El informe sostiene que la trama aprovechó la urgencia sanitaria para introducir a empresas previamente ajenas al sector en contratos públicos sustanciales.
Today