El Parlamento Europeo inicia los trámites para retirar la inmunidad a Alvise Pérez: ¿Qué pasa ahora?

Apenas ocho días después de que el Tribunal Supremo solicitase al Parlamento Europeo, mediante un suplicatorio, la retirada de la inmunidad del eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez Fernández ante la presunta financiación irregular de su campaña para las anteriores elecciones europeas de 2024, su presidenta ha dado vía libre a este procedimiento.

Roberta Metsola ha confirmado durante la sesión plenaria de esta mañana la recepción del suplicatorio y su estudio por parte de la comisión de Asuntos Jurídicos. No es, sin embargo, el único escrito que el juez Julián Sánchez Melgar ha enviado a Bruselas. Pérez Fernández se juega también su inmunidad parlamentaria ante su presunto acoso en redes contra una fiscal valenciana especializada en delitos de odio.

Los portavoces del Parlamento aún no han confirmado cuál de estas dos solicitudes se tramitará primero, ya que al ser dos investigaciones penales independientes, se analizarán de manera individual.

Estos delitos, que para ser investigados requieren del plácet de los juristas de la Eurocámara, se suman a otros dos que también están siendo tramitados por el Supremo: un presunto delito de revelación de secretos y maniobras de acoso contra sus excompañeros de filas, Nora Junco y Diego Solier, así como la divulgación de los datos de una prueba PCR falsa de Salvador Illa, president de la Generalitat de Cataluña.

¿Cuáles son los siguientes pasos de la Eurocámara?

El reglamento interno del Parlamento Europeo, en su noveno artículo, arroja algo de luz sobre el futuro inmediato de Pérez Fernández. Una vez anunciada la petición de las autoridades nacionales pertinentes por la presidenta de la Cámara, y tras ser remitida ante la comisión jurídica pertinente (JURI), Alvise podrá presentar los documentos o cualquier otra prueba escrita que considere para defenderse, y podrá ser cuestionado por dicha comisión sobre su caso.

La comisión, una vez estudiada su situación, emitirá una recomendación a puerta cerrada que presentará al hemiciclo acerca de si aprueba o rechaza la solicitud del levantamiento de su inmunidad. Durante la sesión plenaria posterior a la decisión adoptada, el Parlamento emitirá una decisión por mayoría simple. El político pertenece al grupo de No Inscritos del Parlamento; una mezcolanza de eurodiputados al margen de los grupos tradicionales, con diferentes ideologías y cuyos votos no están coordinados.

La suma de la ultraderecha -más la de sus heterogéneos compañeros de grupo- no sería suficiente para rechazar el dictamen de la JURI, en caso de ser favorable a la petición del Supremo. Los votos de Patriotas por Europa (85), Conservadores y Reformistas Europeos (79), Europa de las Naciones Soberanas (27) y la treintena de No Inscritos no resultaría suficiente (221) para alcanzar la mayoría simple requerida, de 360 eurodiputados.

En caso de que se suspendiese su inmunidad parlamentaria, el Supremo tendría vía libre para continuar investigándole, pero las normas del Parlamento recuerdan que elinvestigado mantendría su condición de eurodiputado. Solamente en caso de que Alvise reciba una condena en firme, las autoridades estatales podrán proceder a la retirada de su escaño.

¿Es el caso de Carles Puigdemont homologable a la situación procesal de Alvise?

La retirada de su inmunidad es, en principio, recurrible, y el Estado español cuenta con un ejemplo relevante al respecto: Carles Puigdemont, expresidente catalán, presentó junto a otros dos eurodiputados de Junts, Toni Comín y Clara Ponsatí, un recurso en el año 2021 cuando la Eurocámara les retiró su inmunidad. Esto ocurrió después de que el juez del 'procés', Pablo Llarena, pidiese en 2020 en otro suplicatorio al Parlamento Europeo que suspendiese la inmunidadde los líderes independentistas.

Sin embargo, existe un matiz relevante que diferencia ambos casos. Puigdemont, Comín y Ponsatí solicitaron entonces su anulación al considerar que el Tribunal Supremo carecía de competencias para demandarlo y que quien debía juzgarles era el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Alvise no podría justificar prolongar su inmunidad mediante este postulado.

El periplo de recursos judiciales de los líderes independentistas catalanes transitó por el Tribunal General de la UE (TGUE) y, tras perder allí, elevaron su disputa ante Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Finalmente, el Abogado General de la UE recomendó ratificar la pérdida de sus inmunidades y el archivo de los recursos del trío catalán. Las conclusiones del Abogado General no son vinculantes, pero suelen anticipar el fallo definitivo del TJUE, que se espera para los próximos meses.

¿En qué consiste exactamente el delito que investiga el juez Sánchez?

Además del acoso a la fiscal valenciana ya mencionado, la segunda investigación remitida al Parlamento analiza si un empresario del sector de las criptomonedas, Álvaro Romillo, habría entregado un total de 100.000 euros a Alvise en negro el 27 de mayo, pocos días antes de los anteriores comicios europeos.

El juez sospecha que Pérez Fernández encargó a Romillo, conocido como 'CryptoSpain', crear una cartera digital que le permitiese financiar su campaña de forma "anónima y encriptada", esquivando así al Tribunal de Cuentas español. Alvise ya admitió en julio ante el magistrado que sí recibió esa cantidad, pero negó haberla usado para financiar su lanzamiento político en las elecciones del 9 de junio.