El Gobierno aprueba la condonación de 83.252 millones de deuda autonómica

El Consejo de Ministros ha aprobado la condonación de 83.252 millones de euros de deuda de las comunidades autónomas con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), un mecanismo creado en 2012 durante la crisis financiera. El Gobierno sostiene que esta medida permitirá a las autonomías recuperar autonomía financiera y política, facilitar su acceso a los mercados y liberar recursos para sanidad, educación o vivienda.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicó que la decisión ha sido posible por la evolución positiva de la economía española y defendió que los criterios aplicados son técnicos y comunes para todas las regiones. Montero subrayó que la medida no se limita a Cataluña y recordó que alrededor de 60.000 millones de la deuda condonada corresponden a comunidades gobernadas por el Partido Popular.

La propuesta, anunciada en febrero dentro de los acuerdos de investidura con Esquerra Republicana, ha provocado el rechazo de los populares, que la consideran una concesión al independentismo y un agravio frente a otros territorios. Durante la apertura del curso político, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, criticó que el Gobierno use pactos con sus socios parlamentarios para mantenerse en el poder y calificó la medida de "trampa" al considerar que la deuda no desaparece, sino que la asumen todos los ciudadanos.

El reparto de la condonación sitúa a Andalucía y Cataluña como las comunidades más beneficiadas, con 18.791 y 17.104 millones de euros respectivamente, lo que representa más del 43% del total. También destacan la Comunidad Valenciana, con 11.210 millones, y la Comunidad de Madrid, con 8.644 millones. País Vasco y Navarra quedan al margen al no formar parte del régimen común de financiación.

Las autonomías del PP rechazan la medida y anuncian posibles acciones legales

La aprobación de la condonación de deuda no ha contado con el respaldo de las comunidades gobernadas por el Partido Popular. Durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera, varias de ellas expresaron su rechazo y advirtieron que estudiarán recurrir la medida. Galicia, por ejemplo, ya ha anunciado que llevará la decisión a los tribunales al considerarla perjudicial para sus cuentas.

Otros gobiernos regionales sostienen que se trata de una concesión política que rompe la igualdad entre territorios y que generará desequilibrios en el sistema de financiación autonómica. Desde el Ejecutivo, sin embargo, insisten en que la adhesión a la condonación es voluntaria y que cada autonomía podrá decidir si se acoge o no al plan.