El Gobierno de Portugal cobra a los activistas de la Flotilla de Gaza el coste de su repatriación

Los activistas portugueses a bordo de una de las flotillas humanitarias con destino a la Franja de Gaza han recibido una gran sorpresa al volver a casa: el Gobierno portugués les ha enviado la factura de los vuelos de repatriación a Lisboa.

"El Ministerio de Asuntos Exteriores (MNE) informa de que, al concluir el procedimiento de regreso de los cuatro portugueses detenidos en Israel, los servicios consulares enviaron hoy una carta con el coste total del viaje, responsabilidad de los ciudadanos que formaban parte de la Flotilla", señala el comunicado difundido por la emisora 'Renascença'.

Según el departamento, el pago de los billetes fue adelantado "por razones prácticas de logística", pero corresponde ahora a los activistas asumir el coste. "Junto a la carta se remitió también un formulario para tramitar el reembolso, tal como establece el reglamento consular", añadió el ministerio. El Ejecutivo no ha precisado aún el importe de la repatriación.

Mariana Mortágua, una de las figuras más conocidas de la delegación portuguesa que viajaba a bordo de la Flotilla Sumud Flotilla, reaccionó con dureza en redes sociales. Confirmó que pagará el billete, pero criticó la decisión del Gobierno: "Comprar el billete es comprar la prueba de que hay ministros sin principios. Un Gobierno decente enviaría la factura a los genocidas", escribió la activista.

En el caso de los ciudadanos españoles, el Gobierno de Madrid asumió el coste de los vuelos de repatriación de quienes participaron en la Flotilla para facilitar su regreso al país, y por el momento no existen indicios de que vaya a reclamar el reembolso de esos gastos.

¿Deben los ciudadanos portugueses reembolsar al Estado?

La legislación portuguesa establece las competencias de las oficinas y secciones consulares, entre ellas "prestar apoyo a los nacionales en situación de dificultad, como en casos de arresto o detención", así como "acompañar los procesos de repatriación de ciudadanos portugueses en el extranjero, especialmente en casos de expulsión, garantizando el asesoramiento necesario y la defensa de sus derechos".

Aunque la ley prevé la posibilidad de repatriar a portugueses detenidos o expulsados, no especifica si el Estado debe asumir la totalidad de los costes, que pueden variar según las circunstancias. En situaciones de emergencia o catástrofes, los gastos suelen correr a cargo del Estado. Así lo recoge la normativa:

"Los gastos ocasionados por las operaciones de evacuación suelen correr a cargo del Estado, desarrollándose de acuerdo con la distribución de cargas sectoriales prevista en los planes operativos nacionales". En el caso de los activistas de la Flotilla, la repatriación se produjo como consecuencia de una decisión personal y no en el marco de una misión oficial o diplomática en representación del Estado portugués.

Los diplomáticos, militares o representantes de organizaciones internacionales en misión oficial tienen cubiertos sus gastos de repatriación. En cambio, cuando se trata de actuaciones personales, como en este caso, el Estado puede solicitar el reembolso de los costes, tal y como ha hecho ahora el Ministerio de Asuntos Exteriores (MNE).

"Al menos es una forma de que la gente se responsabilice de las iniciativas que toma. O esto se hace con la autorización y el patrocinio del Gobierno portugués, o no lo es. Si no lo es, debe tratarse como cualquier otro ciudadano portugués", explicó a 'Euronews' Francisco Pereira Coutinho, especialista en Derecho Internacional Público y Derecho Constitucional Europeo, subrayando que se trataba de una misión voluntaria y no gubernamental.

"Si no se va en misión, el Estado portugués no es responsable de lo que hacemos los ciudadanos en el extranjero", insistió el jurista, que ejemplificó: "Cuando se trata de una misión oficial o diplomática, esa protección siempre existe. Pero si uno se va de vacaciones a Mozambique y ocurre algo, ¿debe el Estado cubrir los gastos de repatriación?".

Una cuestión política

Pereira Coutinho también destacó la dimensión política del caso. "Es cierto que hay una dimensión política que el Estado portugués podría querer minimizar. Podría incluso adoptar una postura distinta: decir que estas personas tienen un perfil público y que la causa es tan justa que, excepcionalmente, no se exigirá la devolución del dinero, porque consideramos que es más importante apoyar su acción", señaló el experto.

Sin embargo, añadió, esa no es la posición del actual Ejecutivo. "Políticamente, hay una señal clara. Si fuera otro Gobierno con un color político diferente, quizá la respuesta sería distinta, y también sería legítima", concluyó.