La ONU alerta de un "nuevo mínimo" de los derechos humanos en Myanmar por la minería ilegal y las estafas
La ya grave situación de los derechos humanos en Myanmar se ha hundido hasta un "nuevo mínimo", ha advertido Naciones Unidas, mientras la minería ilegal y los centros de estafas alimentan la crisis.
La oficina de derechos humanos de la ONU denunció el "brutal abuso, cada vez peor" contra la minoría rohinyá y el "impacto devastador" de las economías ilícitas, incluida la extracción de tierras raras.
La junta que gobierna Myanmar tomó el poder en un golpe de Estado el 1 de febrero de 2021 que derrocó al Gobierno elegido de Aung San Suu Kyi, puso fin a una década de experimento democrático y sumió a la nación del sudeste asiático en una espiral de violencia y en una crisis humanitaria.
En los últimos cinco años, se estima que más de 100.000 personas han muerto en todos los bandos, mientras el Ejército combate a una multitud de rebeldes prodemocráticos y de minorías étnicas.
El informe, que abarca del 1 de junio de 2025 al 31 de mayo de 2026, "presenta un panorama de sufrimiento, miseria y crueldad en múltiples niveles y en todo el país que rompe el corazón", afirmó en un comunicado el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk.
"Pido a todos los Estados, empresas e inversores que hagan un profundo examen de conciencia sobre sus acciones, o su inacción, y se pregunten: ¿es esto justo y correcto para el pueblo de Myanmar?".
El líder del golpe, Min Aung Hlaing, asumió en abril la presidencia civil de Myanmar y cedió el cargo de jefe de las fuerzas armadas a uno de sus principales colaboradores.
Min Aung Hlaing encabeza actualmente una ofensiva diplomática para sacudirse el estatus de paria de Myanmar tras el golpe y obtener reconocimiento internacional, con viajes a India, China, Laos y Tailandia.
Según el informe de la ONU, "la persistente búsqueda de control y legitimidad por parte de los militares solo ha profundizado el sufrimiento y los múltiples problemas de protección y humanitarios que ponen en peligro la vida de los civiles".
El documento añade: "Las tácticas militares destinadas a imponer miedo y control, facilitadas por el uso de nuevas tecnologías para ampliar la vigilancia, impregnan todos los aspectos de la vida".
Los centros de estafas se expanden
El informe destacó la violencia militar contra la población civil, mediante el uso constante de bombardeos aéreos, ataques incendiarios y desplazamientos forzados. Señaló que el Ejército y el Arakan Army, un grupo rebelde de una minoría étnica, cometen abusos generalizados y sistemáticos contra la minoría rohinyá.
Añadió que las economías ilícitas contribuyen a financiar el conflicto, mientras se multiplican las crisis de derechos humanos a causa de la minería ilegal, la producción de drogas, la trata de personas y los centros de estafas.
James Rodehaver, jefe del equipo sobre Myanmar de la oficina de derechos humanos, afirmó que las comunidades locales se han vuelto cada vez más dependientes de estos centros de estafas.
Estos centros "construyen carreteras, escuelas y pozos de agua potable como forma de ganarse el favor de la comunidad local" y aumentar su legitimidad, explicó en una rueda de prensa.
Las investigaciones financieras pusieron de relieve una compleja red de ganancias ilícitas y de impunidad. Pese a la limitada disponibilidad de registros oficiales, las conclusiones del informe apuntan a que la extracción minera se realiza en gran medida para el mercado chino vecino, con un pico en los flujos comerciales en 2023 que alcanzó los 1.400 millones de dólares (1.200 millones de euros).
Según el informe, las operaciones mineras están vertiendo "volúmenes masivos" de productos químicos peligrosos directamente en las vías fluviales locales, lo que provoca una grave contaminación y daña la salud reproductiva.
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