Ordenan la libertad del expresidente de Colombia Álvaro Uribe, acusado de soborno y manipulación
Un tribunal de apelaciones colombiano dictaminó el martes que el expresidente Álvaro Uribe debe ser liberado de su arresto domiciliario mientras impugna su condena por soborno y manipulación de testigos.
El líder conservador fue condenado el 1 de agosto a 12 años de arresto domiciliario por amenazar e intentar persuadir a testigos que habían hablado con los investigadores sobre su presunta participación en la formación de un grupo paramilitar de derecha en la década de 1990.
Uribe niega los cargos y ha apelado la condena ante el Tribunal Superior de Bogotá. El tribunal tiene hasta mediados de octubre para emitir un fallo definitivo sobre el caso, que ha conmocionado a Colombia y también ha provocado reacciones de los aliados de Uribe en Estados Unidos.
El Tribunal Superior anunció el martes que aprobó un recurso de amparo interpuesto por la defensa de Álvaro Uribe para solicitar su liberación del arresto domiciliario. Los abogados de Uribe argumentaron que la orden de arresto en su contra violó su derecho al debido proceso, así como su derecho a la presunción de inocencia.
El expresidente, quien gobernó de 2002 a 2010 con un fuerte apoyo de Estados Unidos, es una figura que genera controversia en Colombia. Muchos le atribuyen haber salvado al país de convertirse en un estado fallido, mientras que otros lo asocian con violaciones de derechos humanos y el auge de los grupos paramilitares en la década de 1990.
Durante su mandato se inició el proceso de paz con las FARC
Durante el mandato de Uribe, el Ejército colombiano obtuvo victorias cruciales contra las FARC, lo que posteriormente obligó al grupo a entablar negociaciones de paz y convirtió a Uribe en un ícono del movimiento conservador latinoamericano.
Sin embargo, miles de jóvenes también fueron asesinados por el Ejército y presentados como rebeldes por soldados que buscaban ascensos, mientras que los oficiales eran presionados para aumentar sus tasas de bajas.
El caso contra Uribe se remonta a 2012, cuando interpuso una demanda por difamación contra Iván Cepeda, un legislador de izquierda que había recopilado declaraciones de exmiembros de grupos paramilitares que lo acusaban de ser uno de los fundadores del Bloque Metro, un grupo paramilitar que defendía a ganaderos de los ataques de grupos rebeldes.
En 2018, la Corte Suprema de Colombia desestimó la demanda y, en su lugar, inició una investigación contra Uribe, quien fue acusado por la Fiscalía de intentar obstruir la Justicia al manipular los testimonios de los testigos que habían hablado con Cepeda sobre los presuntos vínculos del expresidente con el grupo ilegal.
Un arresto para "preservar la convivencia pacífica de los ciudadanos"
La juez Sandra Heredia declaró en julio que existían pruebas suficientes para determinar que Uribe conspiró con un abogado para persuadir a tres exmiembros de grupos paramilitares que se encontraban en prisión a que cambiaran el testimonio que le habían brindado a Cepeda, cuyo padre fue asesinado por paramilitares en la década de 1980.
La defensa de Uribe alegó que las pruebas se obtuvieron ilegalmente y que Uribe solo había buscado reunirse con los paramilitares encarcelados como parte de su preparación para el juicio y para verificar los testimonios que también se estaban utilizando en un juicio por asesinato contra su hermano, Santiago Uribe.
Pocos días después de condenar a Uribe, la juez Heredia condenó al expresidente a 12 años de arresto domiciliario, argumentando que debía ser detenido de inmediato para "preservar la convivencia pacífica de los ciudadanos", demostrando que ni siquiera una figura pública podía quedar en libertad tras ser condenada.
Uribe es ampliamente admirado por los conservadores en Latinoamérica y Estados Unidos, y la magistrada afirmó que sus conexiones en el extranjero le facilitarían la huida del país si seguía en libertad mientras apelaba su caso.
Sin embargo, el Tribunal Superior de Bogotá dictaminó el martes que la juez Heredia utilizó un razonamiento vago para ordenar la detención de Uribe y que la orden de arresto en su contra había violado su derecho a la igualdad de trato ante la ley. El tribunal también desestimó los argumentos de que Uribe escaparía de Colombia, diciendo que había abandonado el país varias veces durante su juicio y siempre había regresado para enfrentar la Justicia.
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